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miércoles, 29 de diciembre de 2010

Uruguay se pasó a la norma Japonesa – Brasileña de TV digital




Finalmente, con un anuncio oficial del Canciller Uruguayo, Luis Almagro, este país cedió ante las sugerencias que el Mercosur le estaba reclamando para adoptar la norma de TV digital terrestre ISDB-T, también conocida como norma Japonesa-Brasileña.


Por decisión del anterior mandatario oriental, Tabaré Vazquez, el Uruguay había sido uno de los primeros países de la región en adoptar la norma para la digitalización del sistema de radiodifusión. Esa elección había recaído en el sistema DVB, europeo, que por entonces se presentaba como el más prometedor para América latina. Colombia también adoptó ese sistema.

Sin embargo, un hecho aleatorio, como fue la elección por parte de Brasil del sistema japonés, que entonces no se había expandido fuera de Asia, determinó que un verdadero “dominó” se produjera en la región. En efecto, luego de la elección del gigante del Mercosur, pocas alternativas existían para los países de menor volumen productivo, para integrarse a otros sistemas de TV digital, habida cuenta de las importantes inversiones que se deben realizar en ese proceso. Argentino dio el paso a continuación y así siguieron adoptando el sistema asiático, mejorado por Brasil. Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay, e incluso Costa Rica, adoptaron la nueva tecnología. En cada caso, las escalas que se van consiguiendo para el despliegue de cadenas productivas, tanto locales como integradas, para abastecer el mercado regional, han determinado que en pocos años, dentro del mapa mundial, el sistema Japonés, ahora es mayoritario en América del Sur. Eso no es poco, si se tiene en cuanta que la digitalización aparece como el mayor desafío de inversiones y paradigma estratégico en cuanto a radiodifusión para los próximos diez o quince años.


Es lógico que Uruguay, por su tamaño, debiera modificar la resolución adoptada hace algunos años y que aún no ha tenido gran implementación práctica y plegarse al Mercosur.
El caso de Colombia es distinto, pues puede adoptar la norma DVB dado que su propio mercado interno de unos 50.000.000 de habitantes, podrá ser abastecido por su propia industria local. Sin embargo se presenta como un raro caso de independencia, puesto que lo esperable quizás hubiera sido que se plegara a la región Norte de América.

Los países del Caribe, América del Norte y casi toda América Central, optaron por la norma Norteamericana, lo cual también es lógico, por la potencialidad y efecto arrastre que EEUU y Canadá tienen sobre México y la región, además están integrados en el NAFTA.

Creemos que la decisión de Uruguay es correcta, en el sentido de priorizar las integraciones regionales. También debe ser tomada como experiencia para el futuro, pues en un mundo interconectado, sólo aquellas decisiones estratégicas que favorezcan la expansión en sociedad pueden ser viables. Y más aún para los países pequeños o medianos. El riesgo es que los grandes, por caso Brasil, no tengan frenos en su expansión ni en sus decisiones. Aunque ese no es el caso en la actualidad.
El cooperativismo, debería analizar con detenimiento este caso de estudio sobre comportamiento estratégico, pues cotidianamente nos encontramos con opciones similares. Decidir aislados, o hacer el máximo esfuerzo por encontrar caminos comunes.

Rodolfo Santecchia

miércoles, 22 de diciembre de 2010

NUESTRO llega a Olavarría de la mano de Infracom y Coopelectric

La telefonía celular cooperativa ya se ha instalado en la ciudad bonaerense de Olavarría, de la mano de la empresa Infracom, en conjunto con la Cooperativa de Electricidad local, sumando un eslabón más a la cadena de entidades solidarias que han puesto en marcha este servicio, con la marca de NUESTRO, que impulsa en todo el territorio argentino la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur).


Con motivo del lanzamiento de la telefonía celular, se efectuó en la sede de Coopelectric una conferencia de prensa, para efectuar el anuncio oficial. El doctor Carlos Diaz, presidente de la entidad anfitriona, detalló los principales lineamientos del proyecto NUESTRO, estando acompañado por el presidente de Infracom, contador Pablo Bressano, y el titular de Fecosur, doctor Antonio Roncoroni.


El presidente de la entidad federativa comenzó explicando los detalles técnicos de la telefonía celular cooperativa y el costo del nuevo servicio, haciendo referencia al sector de la población a la que se pretende atender. Asimismo, tiró los primeros lineamientos acerca de la prestación de un nuevo servicio de televisión digital, lo cual surge a través de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.


Roncoroni sostuvo que la nueva tarifa de celulares sería por lo menos un 15% más baja que las otras existentes en el mercado, que habrá una paquetización de los productos que ofrecerá Coopelectric y que tenderían a bajar el costo y se animó a decir que la nueva TV será gratuita para los canales de aire, pero con un "bajo costo" para los canales premium, los que serían distribuidos vía Internet o satelital.


Por su parte, Bressano destacó el aspecto social de los servicios que brinda Infracom, en lo que respecta a la telefonía fija, como así también la celular, incluyendo el servicio de televisión que se proponen brindar a corto plazo. Sostuvo, como lo había dicho Roncoroni, que aspiran a vender unos 20.000 celulares, lo que equivaldría a un millón de pesos. “De ese monto, el 60 por ciento quedará en Olavarría, para la cobertura de salarios, campos de deportes y mejores servicios", agregó el empresario.


El presidente de Fecosur retomó la palabra para hacer referencia a la revolución y democratización de las comunicaciones, pero puso especial énfasis al señalar que "la pelea no es por una mayor libertad de prensa, sino por la recaudación", refiriéndose a los grandes multimedios.


Roncoroni hizo referencia a las posibilidades de NUESTRO en Olavarría. “Ahora comienza la pelea en serio – puntualizó – ya que esta ciudad tiene cerca de 40 mil celulares y nosotros queremos tener la mitad, es decir, unos 20 mil celulares. Será, sin duda, un gran esfuerzo y descontamos que la gente de Olavarría confiará en este nuevo producto que ofrece el cooperativismo. Y, además, vamos a ser más eficientes, porque frente a la queja, habrá un rostro humano atendiendo".


Asimismo, sostuvo que "vamos a ser más baratos porque la renta nos cierra con menor tasa de retorno que las otras, y vamos a estar con el 15% más barato que la tarifa más baja de las empresas celulares y seguramente con planes asociados. Este celular funcionará como la suma de Telecom y Telefónica: en donde funcionen estas dos, este celular funcionará de la misma manera".


Pablo Bressano recordó los primeros tiempos de Infracom en Olavarría, cuando "había unas 1.000 viviendas sin la posibilidad de tener teléfono. Nosotros respondimos a esa demanda insatisfecha y además aportamos soluciones sociales para esa gente, además de la competencia, que hizo que se bajaran las tarifas. Fuimos creciendo y la gente nos fue eligiendo por el costo, pero también por la atención personalizada".


Para el titular de Infracom, la telefonía a esos hogares les produjo un efecto sistémico que fue desde lo comunicacional a lo económico".


Con respecto a la televisión, Roncoroni anticipó que “vamos a traer nuestra televisión a Olavarría, de la mano de Infracom y Coopelectric. La televisión que se viene es distinta, se van a dar canales gratuitamente y otros contenidos vía Internet o digital o por aire. Lo que antes eran las viejas antenas comunitarias, hoy se han convertido en un proyecto enorme con antena digital, lo que permitirá ver televisión en un celular de 200 pesos".


Explicó el dirigente federativo que "serán 10 canales de aire más otros, como Encuentro, que se podrán ver con decodificadores y no habrá más necesidad del cable. Las películas y otros contenidos se podrán tener paquetizados vía Internet".


Cuando se le preguntó por el impacto que podría generar toda esta revolución tecnológica, Roncoroni lo simplificó con dos frases de tipo político: "la pelea por la ley de medios no es por la libertad de prensa, sino por la plata", y le preguntó a todos "¿ustedes por qué creen que se ponen tan inquietos los grandes multimedios?".


Sin esperar respuesta, se respondió: "no es raro que estén tan preocupados. Los servicios que va a ofrecer el cooperativismo, constituye una competencia para ellos, que además les obligará a bajar el costo del abono. La gente va a acceder a la televisión con menos plata, como consecuencia de los servicios que brindará el cooperativismo".

El presidente de Coopelectric, por su parte, señaló que “Coopelectric está dando pasos en dirección hacia ese objetivo. Se está buscando un canal local, con estudio propio, para insertarlo en la televisión digital terrestre o un canal de cable. Será una respuesta para un amplio sector de la población de Olavarría, que hoy está impedida de acceder a un servicio de televisión”.

Fuente: http://www.prensacooperativa.coop/

viernes, 5 de noviembre de 2010

Un fallo judicial obliga a Cablevisión a modificar su grilla



La Justicia de Dolores rechazó la apelación presentada por la productora “El Haiceck Producciones SA”, para evitar una medida del Gobierno que obligaba a las operadoras de TV paga del país a modificar sus grillas para incluir canales oficiales de información y entretenimiento. El juez federal de Dolores, Guillermo Federico Rimondi dejó sin efecto una medida cautelar que había sancionado su colega Adolfo Harisgarat en favor del mantenimiento de la programación sin cambios.


De este modo, Cablevisión debería reacomodar su grilla de canales. La resolución adoptada por el magistrado tiene un condimento muy particular. Es la primera que se da tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, principal impulsor de la disputa contra el Grupo Clarín, controlante de Cablevisión. “De la interpretación de la legislación analizada y tomando el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su reglamentación, no surge que en el caso se encuentren violados derechos y garantías constitucionales”, afirmó Rimondi en los fundamentos de su fallo.


El juez se convirtió en el primero que falla sobre la cuestión de fondo y lo hace contra de la postura de Cablevisión. La operadora de televisión por cable afirmó que no llevará a cabo los cambios en la grilla, apoyándose en fallos que la avala, como los casos que se dieron en Bahía Blanca y Coronel Dorrego.


En su presentación, El Haiceck Producciones había alegado que “El Garage TV”, la señal que gestiona, podría ser eliminada de la grilla y hasta dejar de existir si se variaba la posición de los canales para hacer caso a la medida oficial. Esta situación, a su entender, afectaría el “derecho de libertad de expresión y de prensa, de propiedad, libre iniciativa, de ejercer industria lícita, de comerciar, de contratación y libertad comercial”.


Ante esto, había solicitado que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que establece un nuevo orden en la grilla de canales de la TV paga. Por su parte, el Gobierno en su presentación ante el juez Rimondi, resaltó que la ley de medios “prohibe al prestador de servicios de televisión por cable reducir la cantidad de señales por debajo de las propuestas al momento de serle adjudicado el servicio”. En esa línea, en la determinación tomada ayer el juez se preguntó por qué el amparista no cuestionó la decisión de Cablevisión y que “el orden de la grilla impuesto por AFSCA no impone excluir ninguna señal sino lo contrario”.


Esta empresa es la única del rubro que adoptó una determinación negativa al respecto. Telecentro, por ejemplo, modificó su grilla de programación, en tanto que DirecTV sumó a CN23.






Link relacionado: http://www.afsca.gob.ar/
Apareció publicado en Revista Señal

Nota relacionada en MIRADA COOPERATIVA

lunes, 27 de septiembre de 2010

El Juzgado Federal de Dolores (Buenos Aires) suspendió la modificación de la grilla de TV por cable.



Aún no está bien claro si el alcance de esta resolución del Juzgado de Primera instancia del fuero Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, abarca el resto de localidades del país; pero por lo pronto se dio una nueva escalada en los conflictos judiciales originados en la guerra entre el Gobierno nacional y Clarín.
Recordemos que por la Resolución 296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se dispuso el reordenamiento obligatorio y taxativo de dos segmentos de programación (el de los canales de noticias y el de los canales de aire). Así se estableció con determinación de frecuencias incluso, dónde debe ir cada canal en las grillas de cable desde el primero de octubre. Luego, establece una prioridad para los canales temáticos públicos en cada uno de los segmentos donde estos existan (por ejemplo el flamante Paka Paka debería ir encabezando el segmento de los canales infantiles), los cuales a su vez deben ir ubicados a continuación de los canales deportivos. No guarda ese criterio con Encuentro, que tiene una frecuencia asignada entre los canales abiertos y los deportivos, pese a que la señal no es ni una cosa ni la otra (aclaramos por las dudas que es un excelente canal y un orgullo para la TV nacional,; pero de mantenerse el criterio de la Resolución debería encabezar el segmento de canales Educativos, o de documentales, o de divulgación, etc.).
Analizar esa Resolución, significa apoyarla en algunas de sus decisiones y considerarla errada en otras. Pero en este marco de blanco o negro en el cual se ha transformado el debate sobre la comunicación, quizás sea un intento muy difícil de concretar, o por lo menos que sea entendido como un acto de libertad de pensamiento.
No obstante es necesario dar algunos puntos de vista.
En principio, es correcto que se regule que los canales de TV ofrecidos por las operadoras de cable deben tener una ubicación lógica y ordenada, para que no haya privilegios para ninguna de las señales, las cuales son generadas casi siempre por terceras empresas y es sabido que en una grilla muy extendida, las mejores posibilidades de vender publicidad está dada por la ubicación en la parrilla. Eso a su vez puede significar el éxito o fracaso de un canal.
Esto por supuesto, implica que si una empresa es a la vez productora y licenciataria de cable, no debe generar ventajas a determinadas señales en detrimento de otras. Por ejemplo, en Córdoba, la grilla de Cablevisión tiene todos los canales de noticias cercanos entre si, pero el Canal 26 del Grupo Pierri se ubica en la frecuencia 69 en solitario…
También es cierto que aquellas señales nuevas, deben tener alguna garantía de poder ingresar a las grillas de cable y por tanto nos parece adecuado que se establezca alguna regulación en cuanto a que si ésta es ofrecida sin cargo a las licenciatarias, sean incluidas. Creemos que este criterio debe regir para todas las señales, de cualquier género y no sólo para las de noticias, las cuales incorrectamente se denominan “nacionales” (son todas generadas en la Capital Federal…).
Sin embargo criticamos de la mencionada Resolución lo siguiente:
1. No estamos de acuerdo que se priorice dentro de la programación sólo el canal local de la licenciataria para que vaya a la frecuencia 2. Puede ocurrir que en una localidad, ahora o dentro de algún tiempo, aparezca algún otro canal local, regional o generalista, que incluso hasta pueda competir con el canal local de la licenciataria o ser el canal local de otra licenciataria de la ciudad o región. En el actual ordenamiento eso no está contemplado, ya que dispone taxativamente todas las primeras frecuencias y en todo caso, ese canal independiente o regional, debería ser ubicado al final, dentro del segmento de los de “interés general”. Esto conspira contra uno de los fundamentos (que compartimos) de la actual ley de propender a la diversidad de producción y contradice incluso los considerandos de la Resolución donde dice “con el fin de afianzar el federalismo, a través del respeto y promoción de las identidades locales y regionales…” Sin embargo, esas expresiones que compartimos, luego continúan con el ordenamiento de los canales abiertos con área primaria o de repetidoras donde se trate. ¿Y las otras señales que estén dedicadas a esas realidades locales o regionales y no sean abiertas? Deben ir al final, sin resguardo de frecuencia.
2. Tampoco compartimos que se establezcan frecuencias fijas para cada canal, disponiendo un orden surgido de algún regulador de manera arbitraria. Por qué razón el licenciatario no puede disponer de su atribución para poner los canales, dentro de cada segmento, como mejor convenga. Hace unos días hasta surgió un entredicho con técnicos de Canal 7 la Televisión Pública que opinaron que la frecuencia de cable que le han asignado en Capital presenta ruidos e interferencias… ¿Por qué razón técnica o de otro tipo, Canal 9 de Buenos Aires debe ir a la frecuencia 13 y América de La Plata a la frecuencia 9? ¿Por qué Todo Noticias va al 3 y Crónica TV al 6?
3. Tampoco entendemos por qué razón deben ir los canales de noticias antes que los canales abiertos, siendo que éstos son la base de la programación de cualquier sistema y además, son licenciatarios con todas las regulaciones de la ley y no sólo productores “registrados” por la AFSCA. Los canales abiertos han tenido que competir para obtener una licencia (que no es lo mismo que un registro) y son ellos donde con toda seguridad se resguardan y reflejan el acontecer diario de la República Argentina como establece la Resolución para fundamentar la importancia de los canales de noticias.
4. Además, si bien compartimos el criterio democratizador, al ordenar que se incorpore un canal mientras sea ofrecido sin cargo para el licenciatario, creemos que además, se debería dejar aclarado qué pasará con aquellos otros canales (de cualquier género y origen) que sean ofrecidos de igual manera. ¿También será obligatorio incorporarlos por el licenciatario? Y en ese caso ¿Se pensó que las grillas analógicas tienen una capacidad limitada de expansión y en Argentina ya están muy saturadas? Dado que la obligación de los licenciatarios es incorporar los canales de noticias que sean gratuitos para el operador, por ejemplo los canales filo oficialistas C5N y CN23, qué puede pasar cuando sean desplazados otros canales contratados hacia los extremos del dial, o lo que es peor, cuando se queden sin frecuencia porque están todas ocupadas, incluso al fondo. En esos casos, se debería haber establecido la obligación de incorporarlos por sorteo, por ejemplo, controlado éste por la Autoridad de Aplicación, o cuando nuevas tecnologías lo permitan (por ejemplo dentro del segmento digital).
5. Pero de una lectura simple y rigurosa de la Resolución, esa obligación de incorporar señales sólo existe para el caso de los canales denominados incorrectamente “noticias nacionales”, pues son las únicas que se mencionan con frecuencias asignadas (Art. 3º De no existir acuerdo de retransmisión por cuestiones económicas entre el titular de cualquiera de las señales precitadas y el titular de cualquier servicio de televisión por suscripción, este último no podrá excusarse de transmitir la señal en cuestión si la misma le es entregada por su titular sin cargo alguno.) Las únicas señales precitadas son las de noticias nacionales. Por ejemplo si un operador se negase a incorporar, por las causas que aduzca, eso no importa, una señal cooperativa o local, o regional, o de cualquier otro género, eso no está contemplado en esta Resolución que si le asigna lugares específicos a dos señales con mucho interés (C5N y CN23).
Como venimos diciendo desde los debates mismos que dieron origen a la Ley, debe primar el sentido de largo plazo, la voluntad de favorecer el permanente mejoramiento de los medios de comunicación y la mesura en las disposiciones, que favorezcan siempre a los usuarios, a sus elecciones actuales, a las opciones que se le pueden brindar y no ver cómo se pueden perjudicar negocios de Clarín como eje principal de la actividad regulatoria.
Cuando se actúa así, se deja abierta la puerta para que o Clarín, o algún canal que se vea perjudicado porque se lo excluye como ocurrió con El Garage TV, “ponga el grito en el cielo” para defender lo que considera sus derechos violentados. Puede estar o no fomentado por Cablevisión, eso no es significativo, lo esencial es el clima de agitación que se vive de esa manera. Lo cierto es que ya existen más de cien canales disponibles para las grillas, y si a ellos les sumamos todos los que aparecerán por concursos o por voluntad de los nuevos protagonistas que antes estaban excluidos (como las cooperativas y mutuales, los sindicatos, las iglesias, las ONGs, etc.), reglamentar de manera puntillosa las frecuencias dejará desactualizado rápidamente ese reglamento. Por lo pronto, las cooperativas y nuestros canales locales están excluidos. Se nos viene a la mente un caso de una zona del Norte de la Provincia de Buenos Aires, donde en Emilio V. Bunge (localidad de pocas viviendas, compiten Cablevisión y Cable Charlone, de la cooperativa homónima, que sostiene un canal local con increíble esfuerzo. Pues bien, en esa zona, a Cablevisión no se le impone la obligación de incorporar en su grilla este canal (hecho que si propendería a “afianzar el federalismo, a través del respeto y promoción de las identidades locales y regionales…” y si se trata de obligar a dicha empresa a que incluya algunos canales de “noticias nacionales” afines al mensaje del Gobierno nacional. Decimos esto sin juzgarlos y opinando que sería bueno que todas las voces se escuchen.
Por ahora veamos qué pasó en Dolores.
Allí el juez Harisgarat hizo lugar a la presentación realizada por los abogados Gonzalo Gros y Marcos Giles con objeto de que se declaren "inconstitucionales" la Resolución 296/10 (que reordena la grilla) y el Decreto 1225/10, al sostener que ambas "violan los artículos 4, 14, 16, 19, 28, 32, 42, 43, 75 incisos 19 y 31 de la Constitución, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". El conjuez dijo que "la actora promovió acción de amparo contra Cablevisión S.A.; la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Estado Nacional (Poder Ejecutivo), por la inminente supresión del programa 'El Garage' a partir del 1 de octubre próximo".
"Se observa que por Decreto 1225/10 se ha dado prioridad a determinada programación: infantiles, educativos e informativos y que el ordenamiento de las grillas de programación lo dispone la AFSCA debiendo incluir a las señales inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras en el género 'Periodísticas-Noticias', agregó que "la autoridad de aplicación" puede "modificar o actualizar el régimen de ordenamiento de la grilla de programación y para autorizar el apartamiento de las suposiciones contenidas en el mismo, si se acreditan razones de fuerza mayor".
Sin embargo, consideró, "la Ley 26.522 (de servicios de Comunicación Audiovisual) se refiere a la correlatividad de las señales del mismo género y que se deberán incluir todas las emisoras públicas del Estado Nacional; con la reglamentación de la misma aparece posible que determinada programación deje de existir sin que se haya dado motivación al acto administrativo en cuanto a la imposibilidad de libre disponibilidad de la grilla, otorgándole absoluta potestad a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual excediendo el marco de la ley".
Por ello, hizo "lugar a la medida de no innovar y ordenar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la suspensión de la vigencia de la Resolución 296/10 con respecto a El Haieck Producciones S.A. y a la Sucursal Cablevisión Dolores, empresa que deberá seguir emitiendo la señal de titularidad de la actora en las mismas condiciones y modalidades con que actualmente se emite".
Además, ordenó a la AFSCA que "se abstenga de dictar actos administrativos y/o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada Resolución hasta tanto en el presente proceso se dicte sentencia definitiva".
"A efectos de abarcar todas las sucursales de Cablevisión se otorga a la presente efecto erga omnes", es decir, oponible a terceros y no únicamente a la ciudad de Dolores”.

Fuentes consultadas: Diario La Voz del Interior y diversos medios gráficos.
Resolución 296/2010 de AFSCA.

Rodolfo Santecchia

viernes, 20 de agosto de 2010

Los puntanos se desmarcan de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual




Provincia de San Luis (Argentina)
Los habitantes de San Luis no sólo  a veces usan otra hora, tienen las mejores y mayores autopistas iluminadas de la Argentina, tienen una universidad que investiga, es exitosa y provincial… Han reivindicado efectivamente a la Nación Ranquel de los pueblos originarios que también dieron origen a nuestro país. Poseen la mayor penetración de Internet del país y de América del Sur, que duplica la densidad de ese servicio existente en el Gran Buenos Aires. Sino que ahora también, tendrán su propia ley provincial de medios, la cual pomposamente se denomina “De Libertad de expresión del Pensamiento y de Información”.
No sabemos dónde terminará esta historia; pero hasta ahora es la única provincia que tiene un juicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y este paso adoptado por su legislatura parece ir en ese sentido.
 Es interesante conocer el proyecto, que se basa en los conceptos que los senadores puntanos defendieron en ocasión del debate de la ley nacional: la radiodifusión es asimilable al derecho de imprenta y éste no ha sido delegado por las provincias (que son anteriores y fundadoras de la Nación). Por tanto se reserva el derecho a legislar en su territorio sobre esta materia. Quizás el principal inconveniente se de en aquellos servicios que excedan geográficamente el territorio de San Luis en su prestación (radios o canales de TV abiertos de alta potencia) y no en aquellos que se presten exclusivamente en el territorio que tiene soberanía originaria la provincia (ejemplo el cable y las estaciones de radio o TV de baja potencia). ¡Es todo un tema para la Corte! ¿Cuál será el límite al federalismo y cuál al centralismo?


Rodolfo Santecchia

Detalles sobre el proyecto de Ley de Medios de San Luis



Por: César Strazza
La Cámara de senadores aprobó por unanimidad la Ley de Medios del Gobierno titulada Libertad de expresión del Pensamiento y de Información. Si el proyecto se transforma en ley tal como está, se vislumbra un nuevo enfrentamiento entre la Provincia y la Nación, ya que un Concejo Provincial pretende otorgar las frecuencias radioeléctricas por tiempo indeterminado.
El artículo 8 está relacionado con las funciones que tendrá el Consejo Consultivo de Libertad de Expresión. Una de sus funciones será otorgar las licencias de radiodifusión. Esa tarea, junto a otras, son las mismas que tiene el ComFeR (próximamente la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, según la Ley de Servicios Audiovisuales).
El argumento más fuerte del oficialismo para impulsar la Ley de Medios del Gobierno es el artículo 32 de la Constitución Nacional. El mencionado artículo establece que “el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.
Al contrario a la legislación nacional, el proyecto provincial dispone que las licencias serían otorgadas por tiempo indeterminado “mientras el autorizado cumpla con sus obligaciones administrativas, laborales y fiscales”, según lo establecido en el artículo 9.
El artículo 7 establece la creación del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión con la participación profesionales habilitados en servicios de difusión. También se contempla la participación de una Entidad Intermedia u Asociación de la Provincia, de una Universidad de la Provincia y del Gobierno. Al igual que en la primera versión del anteproyecto, en la iniciativa con media sanción, no se dice cuántos miembros conformarán el Consejo Consultivo de Libertad de Expresión.
Obviamente, cuando se dice Universidad de la Provincia, se dice Universidad de La Punta. Sumado a la presencia del Gobierno, ya serían varios los miembros que responden al Ejecutivo. En cuanto a profesionales habilitados, cuando se sepa quiénes son, se sabrá si responden o no al Gobierno. Finalmente lo relativo a la entidad intermedia, directamente queda en la nebulosa, si será independiente de la voluntad del Ejecutivo.
Un aspecto positivo de la iniciativa es lo referido al cumplimento de las condiciones laborales hacia los empleados, ya que en varios medios, los colegas trabajan en negro y cobran sueldos muy bajos.
Cuando el proyecto sea ley, ¿habrá otra disputa judicial entra la Nación y la provincia?


El proyecto con media sanción dice textualmente:
Artículo 1°: La Provincia de San Luis, de conformidad con las potestades establecidas por los artículos 32 y 121 de la Constitución Nacional y artículo 21 de la Constitución Provincial, garantiza en todo su territorio la Libertad de Pensamiento, Expresión, Conocimiento, Información y de Ideas como atributo esencial de toda persona. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de las mismas.


Artículo 2°: Corresponde a la Provincia de San Luis la jurisdicción de todas las materias relativas a los servicios de difusión que comprenden: Radiodifusión, Televisión abierta y por cable, Escritos y cualquier otro que se realice dentro de sus límites territoriales.


Artículo 3°: Todos los ciudadanos tienen derecho a información veraz y a escoger libremente los servicios que quieran recibir, sin que los intereses privados y los poderes públicos puedan interferir ni sustituir sus decisiones.
El pluralismo en la comunicación es una condición esencial para el cumplimiento de la libertad de expresión, de información y de comunicación, y garantiza la libre formación de opinión pública, la diversidad y la cohesión social.
La prestación de servicios de comunicación debe basarse en el respeto y la protección de los principios, los valores y los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, en especial el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen.


Artículo 4°: A los fines establecidos en los artículos anteriores, la Provincia de San Luis llevará un Libro de Registro Público de frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles y otorgará, a través del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión, la autorización pertinente a los efectos de la prestación de servicios de comunicación, con la limitación de la efectiva disponibilidad de frecuencias.


Artículo 5º: Los interesados en obtener una autorización para la prestación de servicios de comunicación previstos en esta ley deberán cumplir como requisitos previos y esenciales, los siguientes:
1) Indicar el director, editor o emisor responsable y su domicilio real y legal en el territorio de la Provincia de San Luis;
2) En los servicios que utilicen frecuencias del espectro radioeléctrico, asegurar el tiempo mínimo diario de doce horas de emisión o el que establezca la reglamentación.


Artículo 6º: La reglamentación dispondrá los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones, respetando los principios de transparencia, igualdad y no discriminación.


Artículo 7°: Créase un Consejo Consultivo de Libertad de Expresión, de carácter netamente técnico, que reglamentará su funcionamiento y las normas técnicas que correspondieren, integrado exclusivamente por profesionales habilitados en las materias relativas a los servicios de difusión, representantes de una Entidad Intermedia u Asociación de la Provincia, de una Universidad de la Provincia y del Poder Ejecutivo Provincial.


Artículo 8°: Son funciones del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión:
a) Definir el espectro radioeléctrico disponible;
b) Llevar el Libro de Registro Público de frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles, asegurando adecuada y permanente publicidad y difusión;
c) Autorizar frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles;
d) Elaborar los reglamentos de alcance general y particular;
e) Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas o discriminatorias;
f) Dirimir los diferendos que pudieran surgir;
g) Entender y coordinar en todo trámite de autorización.
Su actuación deberá inspirarse en el respeto a los principios de libertad de expresión, derecho a la intimidad y de información veraz.


Artículo 9°: Las autorizaciones para la prestación de servicios de comunicación tendrán una duración indefinida mientras el autorizado cumpla con sus obligaciones técnicas, administrativas, laborales y fiscales. En caso de cesión se requerirá la previa autorización del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión.


Artículo 10°: Se respetarán los derechos adquiridos relativos a los servicios de difusión.


Artículo 11°: Para la aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en los Tratados Internacionales de Telecomunicaciones o Radiodifusión en los que la República Argentina sea parte.


Artículo 12°: De forma.


Fuente: La Gaceta Digital

lunes, 2 de agosto de 2010

Torneos y Competencias negocia la venta de los derechos internacionales del fútbol argentino

La española MediaPro se retiró y ya acordó con un joint venture formado por IMG y la local Full Play
Por: David Cayón
Mientras en la Jefatura de Gabinete terminan de ajustar los detalles para que comience el “Fútbol para Todos”, en Torneos y Competencia apuran las negociaciones para los contratos de exportación de los derechos del fútbol local.
Porque aunque la empresa perdió los derechos para transmitir el fútbol en la Argentina, el contrato de exportación aún lo mantiene intacto -así como también el de la producción y transmisión del ascenso-.
“Se le sigue pagando a la AFA como antes” de explicó a El Cronista en un estricto off the record un alto directivo de la compañía en referencia a la pérdida que sufrió la empresa de los derechos de televisación del fútbol de primera división en la Argentina. Tanto es así que por estos días la empresa socia con el Grupo Clarín en TyC Sports está renegociando con las cadenas del exterior los contratos que vencieron durante este mes. “En los próximos días estaremos cerrando con los compradores del exterior, pero aquí sigue todo igual” agregó la fuente. Los contratos que Torneos está por cerrar son hasta 2014. El Gobierno nacional había “amagado” con una nueva licitación internacional para esos derechos, pero desde la Casa del Fútbol les aclararon que sería “muy problemático” por lo que se llegó a una solución salomónica. La AFA le cedió al Gobierno el contrato por el cual recibe por parte de la empresa entre $ 16 millones y $ 18 millones al año, cifra que se rediscute anualmente. Pero mientras Torneos busca hacer rentables nuevas unidades de negocios e intenta mantener las ya existentes. En julio vencieron los contratos que Torneos tenía con la española MediaPro por los derechos para Europa con Fox Sport y TyC Sports para el continente americano, y ya hay nuevos interesados. Por estos días Torneos está por acordar la venta de los derechos con Full Play para todos los mercados que no estén en América en reemplazo de la española MediaPro. Y para los televisores de América renovaría con Fox Sports y se sumaría Espn y -aún no es seguro- se bajaría TyC Sports. Pero la idea, asegura uno de los hombres encargados de negociar los contratos es que “estén todos”.
Pese que algunos medios afirman que la empresa de sports bussines IMG realizó un joint venture con Full Play y pagó u$s 1,3 millones al año por 4 años por los partidos argentinos, en Torneos aseguran que el margen del negocio “es muy chico” y que de mantenerse la estructura actual “será aún menor”. “El fútbol argentino es programación marginal en el resto del mundo y los cambios de horarios y el nivel de producción actual son un problema, por lo que apostamos a que con el tiempo se vaya normalizando”, afirmaron fuentes empresarias.


Fuente: Diario El Cronista

lunes, 19 de julio de 2010

Brasil: La ANATEL autoriza a operadores de telefonía fija a ofrecer servicios de TV paga

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) autorizó a los operadores de telefonía fija ingresar en el mercado de televisión por cable. De inmediato surgieron las críticas de las empresas de televisión que ya operan en el mercado cuestionando la decisión.


Las primeras críticas cuestionan la legalidad de la decisión del regulador, al respecto el presidente de la televisión brasileña (ABTA), Alexandre Annenberg, dijo que la Ley de Cable que rige desde 1995 en el sector impone restricciones a las operadoras de telecomunicaciones y hasta que no se modifique la ley, la decisión de Anatel es inaplicable. También aclaró que no niega la autoridad del ente para cambiar las reglas, pero esas modificaciones deben sujetarse a la normativa de la Ley de Cable.


Sin embargo, analistas especializados indican que la decisión de Anatel no carece de eficacia porque no es contraria a lo que regula la Ley de Cable, dado que la norma indica que si la oferta es escasa se otorgan concesiones o subvenciones, y hoy no hay exceso de competencia, dado que el regulador no otorga licencias de televisión por cable hace diez años.


El presidente de la Asociación Brasileña de TV por Suscripción (ABTA), Alexandre Annenberg, señaló que está en desacuerdo con la decisión de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de fijar un precio único para todas las licencias de TV paga. Según el directivo, esta medida, impulsada para favorecer la apertura del mercado, "perjudicará a los pequeños operadores" y tendrá restricciones técnicas que impedirán que "más de cinco empresas operen en un mismo municipio".


El precio único propuesto por Anatel es de USD 5 mil. Para Annenberg, el valor debe permanecer proporcional al tamaño de la región que será atendida por cada operador. "Si Anatel pretende aumentar los competidores con un número ilimitado van a surgir "restricciones naturales" relacionadas al uso de los postes de las redes eléctricas, que "sólo pueden soportar de cuatro a cinco redes", explicó el directivo.


Ante esta limitación natural, las empresas de energía eléctrica "elegirán a los operadores en base al mayor precio ofertado por el uso de esos postes", lo que "impedirá el acceso de los pequeños operadores, especialmente los locales". El directivo afirmó que no está en contra de la entrada de las empresas de telecomunicaciones a la TV paga, pero que Anatel debe "resguardar el espacio de los pequeños operadores", que son los que tienen "mayores condiciones para crear puestos de trabajo en la zona donde operan, además de facilitar la divulgación de servicios en el área de salud, educación y gobierno electrónico".






Links relacionados: http://www.anatel.gov.br/
http://tvporassinatura.org.br/

Nota de MIRADA COOPERATIVA: Si bien cuando se aprobó la Ley 26.522, expresamente se dejó fuera de la radiodifusión argentina a las empresas de telecomunicaciones, aexcepción de las cooperativas de servicios públicos, auqnue con algunas limitaciones, es probable que esas empresas enormemente concentradas vuelvan a la acción de "persuación"  (las dos mayores empresas de telecomunicaciones de América Latina - Telmex y Telefónica- tienen operaciones en casi todos los países de la región).
El hecho que en brasil, nuestro principal socio del mercosur y el mayor mercado de telecomunicaciones de Amércia Latina ya tengan aprobación de ingreso, marca toda una tendencia que en algún momento llegará a Argentina. En México, aunque con algunas limitaciones ya pueden ingresar.


Rodolfo Santecchia

viernes, 16 de julio de 2010

Multan a Multicanal-Cablevisión de cable por posición dominante en Santa Fe

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación decidió hoy multar las empresas Cablevisión y Multicanal por "haber concertado un reparto de mercado en la ciudad de Santa Fe, disponiendo condiciones limitantes a los abonados al servicio de televisión domiciliaria por cable"
La resolución de la Secretaría de Comercio, a la que tuvo acceso TelAm, señala que "se impone un multa de 2.500.000 pesos a las firmas Multicanal S.A y Cablevisión S.A".
"Declárase responsables a las firmas de haber concertado un reparto de mercado en la ciudad de Santa Fe en relación al servicio de televisión por cable, disponiendo condiciones limitantes a los abonados o potenciales abonados al servicio de televisión por cable e impidiéndoles a éstos cambiar o elegir libremente a las empresas proveedoras de dicho servicio con las cuales contratar, en violación a la Ley 22,262", dice la resolución.
En otro artículo de la resolución, se señala que se "ordena a las empresas Cablevisión y Multicanal el inmediato cese de la conducta imputada,(...) absteniéndose en lo sucesivo de comercializar sus servicios en las condiciones señaladas, ya sea mediante acciones concertadas o de cualquier otro modo que impliquen aceptación o distribución de zonas, mercados y/o clientelas a partir de la notificación de la presente resolución".


Fuente: TelAm

miércoles, 14 de julio de 2010

Comienza en Uruguay un debate abierto para una nueva ley de radiodifusión convergente

Por: Mercedes López San Miguel

El gobierno de José Mujica impulsa una ley de comunicación a la uruguaya. A tal fin, el Ejecutivo elaboró un documento con el que pretende abrir el debate sobre los medios y revisar una norma heredada de la dictadura. Con la mirada puesta en otros procesos en la región, la administración de centro-izquierda aspira a consensuar un texto con todos los actores involucrados para luego remitirlo al Congreso.
El documento “Aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión” sostiene que la nueva ley debería dar cuenta de la necesidad y pertinencia de regular los servicios de comunicación audiovisual, sin importar qué plataforma tecnológica utilicen. De acuerdo con el texto, la nueva norma debería “establecer medidas efectivas para impedir la formación de monopolios y oligopolios privados o estatales, en la propiedad de los medios de comunicación, de modo de promover la diversidad de opiniones y la apertura de la competencia (...). Una forma de frenar la acumulación de medios pasaría por limitar la cantidad de licencias que una persona, empresa o grupo económico puede detentar”, dice el texto citado por el diario El País.
Gustavo Gómez, director de Telecomunicaciones de Uruguay, dialogó con Página/12 sobre los objetivos de esta iniciativa, entre ellos proteger la libertad de expresión y –como se citó– evitar la profundización de la concentración de los medios. “Partimos de las recomendaciones internacionales, como las de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que pide revisar la ley uruguaya para asegurar la igualdad de oportunidades.”
Gómez señaló otros motivos por los que se busca cambiar la ley de Radiodifusión. “El marco normativo actual es anacrónico ante los desafíos de la convergencia digital: es una ley de la dictadura. Y se necesita una ley formal, integral y convergente. La norma se basa en unos pocos artículos y el resto del andamiaje legal ha sido decidido por decreto, con la posibilidad de que un presidente que llega vete lo anterior.”
Consultado sobre cuál debería ser el rol del Estado, el director de Telecomunicaciones respondió que “activo”. “El Estado debe garantizar la diversidad de la información, pero no debe controlar los contenidos de los medios, sino darles previsibilidad jurídica y certezas respecto de las reglas de juego que se aplicarán.” Gómez afirma que no tienen un país de referencia cuando se le pregunta si Uruguay incorporó los contenidos del debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se votó el año pasado en Argentina.
El gobierno de Mujica hará una presentación formal del proyecto el próximo día 22 acerca de los objetivos y fundamentos principales de una nueva ley de comunicación audiovisual. En la presentación estará presente la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, Catalina Botero. Gómez, quien participará del lanzamiento, dijo que en ese momento empezará la discusión pública. “A partir del 22 se pondrá en marcha un debate con todos los sectores: universidades privadas y públicas, asociaciones periodísticas, empresarios de los medios, productores independientes y representantes de la sociedad civil. La idea es que el año que viene se presente el nuevo documento en el Congreso.”


Fuente: Diario PáginaI12
Apareció publicado en: Señales

martes, 22 de junio de 2010

Aumento del 26% para Trabajadores de T.V. por Cable

Luego de la negociaciones que el Sindicato Argentino de Televisión. Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) mantuvo con la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), los trabajadores de televisión bajo el CCT 223/75(circuito cerrado de TV, sistemas codificado, antenas satelitales etc.) llegaron a un incremento salarial de un 26% sobre todos los rubros salariales remunerativos y no remunerativos percibidos regularmente, que regirá a partir del mes de julio de 2010.
La vigencia del acuerdo establece que se extenderá desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, con aplicación para todos los trabajadores de la actividad representados por el SATSAID en todo el Territorio Nacional comprendidos bajo el CCT 223/75.
Se aplicara en dos etapas un aumento del 15% para el mes de julio de 2010 y otra en octubre de 2010 lo cual incrementará a un 26% el Salario sobre todos los conceptos vigentes.
Las partes acordaron que el monto de tikets de $120.48 alcanzado por la ley 26341 se incorporará al básico del grupo salarial 12 manteniendo en la escala salarial la diferencia porcentual ascendente de la misma, por lo tanto en algunas categorias el Aumento Salarial real llegarà hasta el 32%.-
Además para el mes de julio de 2010 todas las empresas abonarán un a suma fija de $800 por única vez. Cabe destacar que el pedido original del SATSAID fue del 30%.

sábado, 5 de junio de 2010

Cooperativa denunció dúmping del Grupo Clarín

El titular de la entidad solidaria de Punta Alta, Buenos Aires, contó la historia y el presente de la pelea con el monopolio mediático para brindar TV por cable. Semejanzas y diferencias con el caso de Santa Rosa
"La batalla fue y es muy dura, los pasitos fueron largos, pero soportamos el ahogamiento y hoy podemos competir con un servicio de primer nivel". Juan Carlos Munuce sabe de lo que habla, y sabe que el de Punta Alta es un caso testigo, que es tomado como ejemplo por las cientos de cooperativas que a lo largo de todo el país luchan por un objetivo común: la defensa de sus comunidades contra el monopolio de la televisión por cable.
Munuce es el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta y ayer estuvo en Santa Rosa, donde realizó distintas actividades y reuniones para brindar detalles de la experiencia vivida en esa localidad cercana a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

Invitado por la Unión Cívica Radical, el directivo se reunió con el intendente Francisco Torroba, con autoridades de la Cooperativa santarroseña, brindó una conferencia de prensa y también una charla abierta.

Antes del diálogo con la prensa, Munuce aclaró que la Cooperativa puntaaltense no tiene el servicio propio de TV por cable, sino que a partir de la decisión de una Asamblea en el '99 se decidió brindar todo el apoyo necesario a la empresa ETECO, se conformó una SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) y de allí surgió Punta Alta Visión, que funciona desde 2005.

"Nosotros les brindamos un préstamo, les alquilamos nuestra red, les dimos todo lo necesario para poner en funcionamiento el cable. La batalla fue dura, juntamos 20.500 firmas con los vecinos para apoyar el desarrollo del cable, hasta que el Comfer nos da la licencia pasaron seis años, y cuando la obtuvimos nos dijeron que hacía dos años que podíamos estar transmitiendo y por supuesto no nos habían avisado. Por eso sabemos de las dificultades que significa pelear frente a un monopolio semejante", señaló Munuce.

Punta Alta Visión brinda hoy un servicio cuya tarifa asciende a 68 pesos, en tanto que Cablevisión, que al igual que en Santa Rosa cambió de nombre y ya no aparece como Multicanal, cobra 62 pesos.

El punto es que la misma empresa, por igual servicio, cobra 110 pesos en Bahía Blanca, a unos pocos kilómetros de Punta Alta. Esta situación llevó a la Cooperativa a presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por práctica comercial desleal, una acción que usualmente se denomina "dumping".


Producción local


Munuce dio en números los beneficios que representa para la comunidad el cable de la Cooperativa: hoy cuenta con unos 7.200 abonados, que con la tarifa que abonan dejan unos 7,2 millones de pesos por año. "Ese dinero hoy queda en la ciudad y antes se iba a manos privadas", aseguró.

En tal sentido, Munuce destacó que el sentido de pertenencia y la producción de contenidos locales es lo que los diferencia con la empresa monopólica.

"Es una economía que se logró directamente en la tarifa, e indirictamente en lo que es la produccion local. Tenemos más de 20 programas propios que tienen que ver con el acontecer social, transmisiones deportivas, de hípica, de turismo, sobre la industria para difusión, el backstage de las navegaciones marinas. Y eso, en una localidad de 60 mil habitantes, es clave porque la gente puede ver lo que pasa en su ciudad, el sentimiento de arraigo hace la diferencia. No lo vemos como un negocio sino como un beneficio social", resaltó.


La situación de Santa Rosa.


Munuce fue cauto al hablar sobre la situación que vive Santa Rosa en cuanto al tendido ilegal en el espacio aéreo de la ciudad. “No conozco la legislación de aquí, en provincia de Buenos Aires la regulación la establece el municipio y las tasas sobre el uso del espacio se manejan a través de una ley que se grava en la factura eléctrica. Los postes son de la Cooperativa y nuestro derecho es que cuando está muy cargada una línea pedimos que se bajen los cables o busquen otra alternativa.”, explicó.

Munuce, que participa “periódicamente” en reuniones con miembros de la CPE local, dio detalles insólitos de lo que sucedía cuando las transmisiones de fútbol estaban en poder del monopolio.

“Al cable el fútbol le costaba el 50 por ciento de la compra mensual, hoy le cuesta 200 pesos.

Eso era así porque el que te vendía el fútbol es el mismo que competía con vos para pasarlo, ha pasado que cuando los jugadores aparecían en el túnel se cortaba la transmisión. Y los partidos de los equipos locales recién los veíamos después de las 22, y eso que jugaban a cinco cuadras de tu casa”, concluyó
 
Apareció publicado en: La Arena

Nota de MIRADA COOPERATIVA:

La cooperativa de Punta Alta, que brinda el servicio a través de Punta Alta Visión SRL, por las imposibilidades conocidas que impone la legislación vigente, en realidad es una de las entidades que se podrían denominar "grandes" que brindan el servicio de TV por cable actualmente, junto a otras organizaciones similares de Eldorado en Misiones, Clorinda en Formosa, o Bariloche en Río Negro. Muchas otras cooperativas de similar o mayor tamaño, aún no han incursionado en estos servicios, que quizás en un futuro no tan lejano puedan brindar legalmente.
El caso de Punta Alta fue paradigmático, pues a la entidad decana del cooperativismo de servicios públicos en América (la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, que nació en 1926 como un acto de arrojo de esa comunidad frente a la prestadora extranjera que proveía el fluído), le tocó enfrentarse dos veces en su historia con otro monopolio que en este caso proveía el servicio de TV. En ambas ocasiones el triunfo fue para el cooperativismo, como se puede comprobar.
El Presidente es bastante austero y mesurado con las explicaciones de las acciones de dúmping, manejo de funcionarios y agresiones de todo tipo que debió soportar desde que inició las operaciones de ese servicio. Durante casi dos años no pudo contar con la televisación de Torneos y Competencias y cuando lo logró, debió pagar bastante más que su competencia. Ni querían venderle un canal de noticias, para intentar vencerla. Y ni aún así lo lograron.
Como se puede ver, la cooperativa cobra hoy un poco más precio que Cablevisión (por el dúmping que ésta practica) algo similiar a lo que ocurrió en 1927 y 1928 con la electricidad. Y sin embargo los asociados defienden a su empresa social. Es un caso que debe ser valorado e integrar el acervo histórico de todo el sector cooperativo de América.

Rodolfo Santecchia

viernes, 4 de junio de 2010

El sector cablero se congregó en Córdoba

El presidente de la asociación de cable de Argentina, junto a pares y proveedores del mercado, enfatizó nuevamente la realidad de un sector necesitado de reglas coherentes para crecer e invertir

Por: Omar Méndez, desde Córdoba, Argentina

Argentina libra, desde hace meses, una confrontación singular en el sector de la televisión por cable que ya es de público conocimiento: como es sabido, el Gobierno nacional ha montado una suerte de mascarada con el fin de desmontar a diestra y siniestra todo el sector e imponer, una vez limpio el campo, toda una estructura de propia comunicación con los medios públicos a la cabeza. El objetivo: propalar una única voz política a nivel nacional. Las intenciones, aseguran sus críticos, van aún más allá, extendiéndose al control y explotación en manos de empresarios cercanos al poder de todo tipo de medio desguasado por la ofensiva gubernamental.

El primer y gran escollo se llama Clarín, el grupo líder de comunicaciones del país, que concentra todos los cañones del plan kirchnerista. Esta primera etapa no ha podido ser ejecutada simplemente porque diferentes medidas cautelares y presentaciones judiciales de compañías encontraron eco en los tribunales. Si ello no hubiera ocurrido, el carácter vigente de la nueva letra legal hubiese sido suficiente para desmembrar todo el poder del superconglomerado de medios.

Este miércoles, en Córdoba, autoridades del sector del cable han vuelto a alertar sobre lo que entienden como el peligro latente que representa la nueva ley de medios para sus intereses. Durante el acto inaugural de las II Jornadas Federales, que se realizan en el Sheraton Hotel de la capital cordobesa, Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), rememoró el asombroso pase a ley de un proyecto que no representa mayoritariamente la visión del empresario de medios y la fuerte oposición legislativa que encontró. “El año pasado se sancionó a los apurones una Ley de Medios que hoy se encuentra suspendida judicialmente, tal como se esperaba luego de un tratamiento express, en el cual no hubo espacio para la reflexión y la defensa de ideas”, aseguró.


Junto a los directivos Sergio Veiga, presidente de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CaPPSA), Hugo Genovesio de la Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable (ACoRCa), Hector Delloni de la Asociación Santafesina de televisión por Cable (ASTC), y el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Córdoba, Hugo Testa, se dio inicio a las Jornadas que durante dos días reunirán a la industria en el Hotel Sheraton de Córdoba.

Burzaco comenzó su discurso afirmando que “El año pasado se sancionó a los apurones una Ley de Medios que hoy se encuentra suspendida judicialmente, tal como se esperaba luego de un tratamiento “express”, en el cual no hubo espacio para la reflexión y la defensa de ideas”.

En su alocución, se refirió a las declaraciones de dirigentes cordobeses. Tal es el caso del ex gobernador De la Sota quien afirmó que es necesario “garantizar la seguridad jurídica de los propietarios de los medios y un derecho al libre acceso de una información seria, pluralista y sin manipulación”. También citó a la senadora Morandini quien reprochó que: “nada le hace más daño a nuestra cultura de poco respeto por el otro que no poder debatir”. Por su parte Eduardo Mondino, ex Defensor del Pueblo de la Nación afirmó sobre el nuevo marco regulatorio que: “el proyecto del oficialismo es una ley que tiende a concentrar el control de la información en manos del Gobierno”.

Por último, Burzaco recordó que Luis Juez afirmó que si bien era necesaria una nueva ley ésta debía ser “democrática; hecha con mesura y no con calentura”. Como conclusión el Presidente de la ATVC afirmó que “La Ley de Medios afectará a la democratización, al debate de ideas y a la integración como país, y cerrará la puerta a muchos pueblos impidiéndoles el ingreso a la información y a la Sociedad del Conocimiento”.


Hugo Genovesio, Presidente de ACoRCa, hizo referencia al valor social y económico de las Pymes del cable, empresas pioneras privadas, por la cantidad de empleos que genera a lo largo del país y su aporte al PBI. En nombre de las más de 700 pymes afirmó que “solicitamos a las autoridades ser reconocidos como gestores y cuidadores de esta actividad. Para lo cual peticionamos seguridad jurídica que proteja a los actuales prestadores de servicios de televisión por cable de la competencia desleal, limitando el ingreso de empresas monopólicas como por ejemplo las cooperativas, que tienen subsidios cruzados y prebendas impositivas. Como así también de las empresas telefónicas, que gozaron años de monopolio y les dieron las autopistas de datos que hoy utilizan para tener un arancel diferenciado.”


“Las Pymes invertimos fuertemente para dar internet a los pueblos y de esta forma achicar la brecha digital, nos encontramos con un monopolio complejo, ya que al no estar regulado el sector de internet, las telefónicas, juegan el rol de proveedores mayoristas y compiten como minoristas a un precio mayorista depredador para quedarse con la plaza. Las telefónicas regulan los precios y el tráfico de internet y además tienen pretensión de dar televisión. Esto va a anular la pluralidad de voces.”


Para finalizar agregó: “No queremos que nos regalen nada, queremos reglas claras para seguir invirtiendo y acompañar el crecimiento de la nación. Las Pymes queremos dejar bien en claro que nuestro objetivo es aportar al país desde el interior.


A su turno, Sergio Veiga, Presidente de CaPPSA, destacó que “El mercado de la Televisión por Cable se ha desarrollado como pocos, sin subsidios, sólo con sus propios recursos. En los últimos tiempos hemos enfrentado diferentes desafíos, como convivir con reglas inciertas, defendernos jurídicamente, y tratar de explicar en todos los foros que lo único que queremos es seguir trabajando, sin subsidios pero en un marco estable. Queremos seguir distribuyendo nuestra producción en un mercado vigoroso, con empresas solidas y serias, como hasta ahora”.


En su discurso, el Ministro de Obras Públicas de Córdoba, Hugo Testa, afirmó su adhesión a los diferentes reclamos del sector en lo que respecta a la nueva regulación. El funcionario afirmó que “La polémica Ley de medios indudablemente pone en riesgo la presencia territorial, nosotros lo vemos en nuestra provincia por su extensión, con los pequeños proveedores que dan señal de cable. Por ello adherimos a un equilibrio regulatorio que permita la sana convivencia de todos aquellos que dan trabajo a los cordobeses y a los argentinos






Fuente: Todo TV News