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viernes, 3 de septiembre de 2010
Sin apuros, la oposición elabora un proyecto para anular decreto que reglamentó la Ley de Medios
“La ley está suspendida”. Es la frase preferida de los diputados opositores para no acelerar los tiempos y cometer errores de índole constitucional. “Hay que analizar primero el decreto” que reglamentó la Ley de Medios, afirmó el diputado Federico Pinedo.
El Gobierno reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y aceleró la puesta en marcha del plazo de un año de adecuación para que los multimedios se desprendan de señales en caso de que excedan la cantidad máxima permitida.
Ante esta medida, los bloques contrarios al Gobierno reaccionaron rápidamente y pusieron en marcha todo el aparato legal para confeccionar un proyecto de ley para declarar “nulo” o “impugnar” el decreto que reglamentó la Ley de Medios. Esta iniciativa la iban a firmar los bloques de la UCR, Coalición Cívica, PRO, GEN y Peronismo Federal.
Sin embargo, los abogados constitucionalistas asesores del Grupo A advirtieron que no había puntos cuestionables y la tendencia cambió, ya que este jueves la idea que surge desde la oposición es esperar, no apurarse ya que “la Ley de Medios todavía está suspendida”.
En tanto, el primero que ha puesto un freno a la presentación de proyecto de ley fue el jefe de bloque del PRO, Federico Pinedo, quien afirmó que “hay que analizar primero el decreto” que reglamentó la Ley de Medios, “para saber si contradice a la Constitución o contradice al espíritu de la ley a la cual está reglamentando”.
Cabe destacar que el decreto establece criterios para la aplicación de la llamada "cláusula de desinversión" (artículo 161), que se encuentra suspendida a raíz de una presentación del Grupo Clarín y está bajo análisis de la Corte Suprema, aunque resta que la AFSCA dicte su resolución con las condiciones específicas de transición para que comience a regir el plazo de un año
Apareció publicado en: El Parlamentario
Nota de MIRADA COOPERATIVA:
Es óbvio que hay confusiones que se generan cuando los tiempos de la justicia y los de las agendas no coinciden (tanto la de los opositores como del oficialismo). Algo de eso puede encontrarse en las palabras del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo que se respete la autonomía del Poder Judicial.
Sin embargo, nos parece difícil que se pueda dar marcha atrás en el Decreto 1225/10, por lo menos en su integralidad y recordamos que éste tiene 164 artículos, los cuales en todo caso deberán ser contrastados uno por uno con la Ley 26.522 y de ese análisis determinar si la viola o no Y en el caso de hacerlo, en qué temas específicos y con que profundidad. Nosotros aún no hemos terminado de hacer el primer análisis, de uno o dos artículos e imaginarnos su aplicación, como para opinar sobre todo el decreto...
Rodolfo Santecchia
viernes, 20 de agosto de 2010
Exposición de la Asociación por los Derechos Civiles en la Cámara de Diputados, sobre ley de publicidad oficial.
La Asociación por los Derechos Civiles participó de la reunión conjunta de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. Pidió que se sancione una ley que regule la publicidad oficial de acuerdo a estándares de libertad de expresión y transparencia y presentó un documento con propuestas
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) participó este jueves de la reunión conjunta llevada a cabo por las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión para debatir la regulación de la publicidad oficial. Allí pidió que se sancione una ley que respete los estándares en materia de libertad de expresión y transparencia y presentó un documento con propuestas.
“La ausencia de un marco normativo que otorgue equidad, transparencia y control a los fondos públicos destinados a publicidad promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso excesivamente discrecional de la pauta oficial”, sostuvo la ADC.
La utilización de la publicidad estatal para premiar medios afines o castigar a los críticos constituye un mecanismo de censura indirecta, de acuerdo a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, que fueran retomados por nuestra Corte Suprema de Justicia al fallar en el caso del diario Río Negro. En ese sentido, la ADC recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha hecho especial hincapié en la necesidad de contar con reglas adecuadas para regular el reparto de la pauta.
La ADC advirtió que una regulación democrática de la publicidad oficial debe impedir su utilización arbitraria para castigar o premiar a los medios de acuerdo a sus líneas editoriales, o por razones políticas o de afinidad personal, y garantizar, asimismo, un ámbito de diversidad y pluralismo informativo, de acuerdo a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino.
Entre otros principios de regulación, la ADC consideró que una ley sobre publicidad oficial debería: definir claramente qué se entiende por publicidad oficial, incluir un ámbito amplio de aplicación, exigir una adecuada planificación de los recursos, respetar el principio de utilidad pública de la pauta y establecer mecanismos que eviten el uso propagandístico de los avisos oficiales, en particular durante las elecciones. Además debería incluir mecanismos que garanticen la transparencia y el control de los fondos públicos destinados a publicidad oficial.
En el documento presentado por la ADC también se sostiene que la asignación de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a criterios claros y transparentes, que sean neutrales desde el punto de vista de la línea editorial del medio. A juicio de la ADC, dichos criterios deberían tener en cuenta la efectividad del mensaje a comunicar, la razonabilidad en el uso de los fondos públicos, y la necesidad de evitar que la publicidad oficial se concentre en pocos medios o tipos de medios, de modo de cumplir con la obligación estatal de fomentar un sistema de comunicación plural y diverso.El documento también hace un repaso por las discusiones sobre regulación de la publicidad oficial que tienen lugar en varios países de la región, como Uruguay, Chile, Colombia y México.
La ADC considera que una ley que regule la distribución de publicidad oficial resulta impostergable para avanzar en la promoción de la libertad de expresión en el país, en línea con otras reformas normativas importantes llevadas a cabo por este Congreso, como la despenalización de las calumnias e injurias para cuestiones de interés público y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una normativa sobre el tema necesariamente debe estar acompañada de la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública y complementarse con una discusión sobre las políticas públicas necesarias para asegurar la diversidad y el pluralismo informativo.
Finalmente, una ley del Congreso sería muy importante como ejemplo para que las distintas provincias y municipios también legislen sobre la materia.
Fuente: ADC
Imagen: diario digital hoy.com.ec
miércoles, 11 de agosto de 2010
En medio de acusaciones cruzadas, comenzó el debate por la publicidad oficial
En el plenario de Comunicaciones y Libertad de expresión de Diputados, se presentaron los diez proyectos que buscan regular la pauta oficial a manos del gobierno. Un enfrentamiento entre la oficialista Diana Conti y la radical Silvana Giudici convulsionó la discusión en el Anexo
Tras varios intentos de la oposición por debatir la regulación de la publicidad oficial, esta tarde finalmente se realizó el primer plenario de las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara baja para comenzar a discutir los diez proyectos que hay sobre la temática. Mientras que nueve de ellos provienen del arco antikirchnerista –que buscará unificarlos en un único expediente-, sólo uno surgió de una aliada del gobierno: la diputada Silvia Vázquez (Concertación-Forja), quien lo presentó ayer ante la inminencia de su tratamiento.
El cronograma de su discusión establece que la semana próxima se recibirá a los sectores abocados en la temática, especialistas en derecho comunicacional y administrativo. Una vez concluida la etapa de consultas, se recibirá al Poder Ejecutivo y recién el martes 31 de agosto los legisladores estarían en condiciones de obtener dictamen, momento en que se incorporaría la Comisión de Presupuesto y Hacienda al debate.
Esta tarde cada uno de los mentores de los proyectos explicaron sus iniciativas. Comenzó Eduardo Macaluse, diputado del Interbloque Proyecto Sur, cuyo expediente toma como base la experiencia de Tierra del Fuego. El proyecto de Macaluse fue presentado antes de la Ley de Medios, de modo que se debe trabajar en una “compatibilización”. Entre otras cosas, crea una comisión de control de la publicidad oficial -con legisladores, representantes de sectores de entidades periodísticas y del ámbito de la comunicación social- y establece que la Secretaría de Comunicaciones deberá presentar un plan anual de pauta que pase por el Congreso, “esto garantiza que no haya discrecionalidad de mano del Poder Ejecutivo”, manifestó el diputado del Interbloque Proyecto Sur. “Que haya una lay antes del fin de año que podamos llegar a un acuerdo racional entre todos”, finalizó.
Posteriormente fue el turno de Federico Pinedo, titular del bloque PRO. “Nuestra preocupación es que no se utilice la publicidad oficial como presión política de los medios, que no sea un método de propaganda”, argumentó el macrista. Su expediente le exige al Poder Ejecutivo “que digan cual es el interés de la publicidad, a que publico está dirigido y cuál es su costo”. En materia de designación, establece la creación de un Registro de Medios, en el cual las empresas mediáticas compitan en base al requisito de cobertura y penetración del mensaje.
El cruce
La presidenta de Libertad de Expresión, Silvana Giudici recordó a su turno que “hace tres años buscamos avanzar en un tema que Comunicaciones es cabecera”, pasándole factura a su colega Vázquez, presidenta de dicho cuerpo. En tanto, el proyecto de la radical fue presentado en 2006, pero algunas circunstancias cambiaron la visión de sus prioridades, es el caso de un fallo en Neuquén que estableció la necesidad de regular la pauta oficial.
Como incentivos adicionales para la presentación de su expediente, la radical mencionó “el incremento escandaloso de los recursos del año 2003 a la fecha: de 46 millones pasamos a más de 829 en 2009, en ese incremento hay una intencionalidad, es una herramienta de censura indirecta, se utiliza para premiar a medios que hablen bien del gobierno”.
Pero entre los diputados presentes estaba la oficialista Diana Conti quien, fiel a su estilo, no iba a quedarse callada tras la arremetida de Giudici. “Algunos creen que a mayor regulación es mejor, pero hay más puestos de peaje, más coimas, creo que la regulación genera privación de libertad”, arrancó. Y refiriéndose a los argumentos de la diputada radical, castigó: “A eso lo escucho a cada rato en televisión, como buena empleada de algunos medios que es”. Entonces la presidenta de Libertad de Expresión estalló en un grito: “te callas la boca si no queres tener problemas conmigo”, le advirtió. Así, Vázquez tuvo que poner paños fríos para que pudiera continuar la sesión. Y Patricia Bulrrich, de la Coalición Cívica, le reprochó: “le tendría que pedir disculpas Conti, porque es una ofensa, no está queriendo hacer política, sino politiquería”.
Más proyectos
Con los ánimos ya calmos, Bullrich continuó la defensa de su proyecto. “Están tomando decisiones con el dinero del Estado, se elige de manera discrecional los medios”, insistió. A su vez, mencionó que la construcción de pautas plantea que no existan actos de discriminación, y “la elección de un medio implica un acto de discriminación, implica decidir qué medio puede llevar el mensaje oficial y qué medio no”, disparó.
En similares términos se expresaron Alicia Terada, de la Coalición Cívica, y Virginia Linares, del GEN, también autoras de proyectos. Por su parte, Roy Cortina, del socialismo, defendió su postura: “me da la sensación de lo que sucede con el gobierno actual es un capítulo más de lo que ha sucedido en estos años de la democracia”. Cortina explicó que busca crear una Agencia Central de Difusión en el seno de los tres poderes y que su propuesta incorpora el Plan Anual de publicidad oficial con su correspondiente monto presupuestario. Del mismo modo, establece restricciones tendientes a garantizar que la publicidad oficial no se utilice para propaganda electoral.
Quien cerró la presentación fue la propia presidenta de Comunicaciones, Silvia Vázquez. “Me parece que tenemos una oportunidad de ir fijando pautas que tengan que ver con la relación de otras leyes, como la ley de Servicios Audiovisuales. Si esta discusión la limitamos a una puja de oficialismo y oposición nos vamos a quedar afuera de sancionar una buena norma para el porvenir”, comenzó. Y diferenciándose de Giudici, recalcó que “son los medios de comunicación privados los que se llevaron la mayor cantidad de publicidad oficial, los holdings de medios son los que más se beneficiaron de todos los organismos estatales”.
Fuente: Noticias del Congreso
Nota relacionada en Mirada Cooperativa:
A propósito de la distribución de la publicidad oficial (03/08/2010)
martes, 22 de junio de 2010
Analizan en Diputados la nueva TV Digital
Mariotto, Namuncurá y Tristán Bauer tendrán jornada doble este martes 22 de junio en la Cámara baja, ya que estarán en dos comisiones, por la mañana y en la tarde. Después del partido, claro está.
La primera cita está prevista para las 12 en la Sala 2 (223) del edificio Anexo de la Cámara baja, donde se reunirá la Comisión de Libertad de Expresión que dirige la radical Silvana Giudici, con la presencia del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto; el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá; el presidente de Radio y Televisión Argentina S.E., Tristán Bauer; y el coordinador General del Consejo de Televisión Digital Terrestre Argentino, Osvaldo Nemirovsci.
Todos estos funcionarios han sido convocados respondiendo a un pedido presentado por las diputadas Patricia Bullrich e Hilma Leonor Re, que habían pedido que esos funcionarios informaran sobre diversas cuestiones relacionadas con el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.
Por la tarde, terminado el partido Argentina-Grecia, a las 17.30, en la misma sala se reunirá la Comisión de Comunicaciones e Informática que en este caso preside una oficialista, la radical K Silvia Vázquez. Allí está previsto que estén todos los funcionarios que irán al mediodía, menos Nemirovsci, y el tema discutido será otra vez el de la Televisión Digital.
Fuente: Contenido y foto: El Parlamentario
En momentos en que se ha reactivado la discusión en torno a la suspendida Ley de Servicios Audiovisuales, el tema estará presente este martes en el Congreso de la Nación, donde altos funcionarios se harán presentes por partida doble. Es que pasarán por la Comisión de Libertad de Expresión al mediodía y por la de Comunicaciones e Informática a partir de las 17.30.
La primera cita está prevista para las 12 en la Sala 2 (223) del edificio Anexo de la Cámara baja, donde se reunirá la Comisión de Libertad de Expresión que dirige la radical Silvana Giudici, con la presencia del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto; el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá; el presidente de Radio y Televisión Argentina S.E., Tristán Bauer; y el coordinador General del Consejo de Televisión Digital Terrestre Argentino, Osvaldo Nemirovsci.
Todos estos funcionarios han sido convocados respondiendo a un pedido presentado por las diputadas Patricia Bullrich e Hilma Leonor Re, que habían pedido que esos funcionarios informaran sobre diversas cuestiones relacionadas con el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.
Por la tarde, terminado el partido Argentina-Grecia, a las 17.30, en la misma sala se reunirá la Comisión de Comunicaciones e Informática que en este caso preside una oficialista, la radical K Silvia Vázquez. Allí está previsto que estén todos los funcionarios que irán al mediodía, menos Nemirovsci, y el tema discutido será otra vez el de la Televisión Digital.
Fuente: Contenido y foto: El Parlamentario
miércoles, 16 de junio de 2010
Opina el Diputado Enrique Thomas, opina sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Thomas consideró "incorrecto" el fallo de la Corte sobre la ley de Medios
"La celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa", disparó el diputado mendocino Enrique Thomas.
Fuente: El Parlamentario
"La celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa", disparó el diputado mendocino Enrique Thomas."Sigo estando convencido de que la norma en cuestión, al originarse en la violación deliberada del reglamento de la Cámara de Diputados, altera el juego imprescindible de mayorías y minorías en la representación parlamentaria. También mantengo la convicción de que ignorar la trasgresión de los reglamentos, que rigen el funcionamiento parlamentario, produce un daño irreparable para la institución; puesto que se soslaya la única posibilidad que la sociedad tiene de ser —y sentirse— correctamente representada y obstaculiza el normal desarrollo del trabajo del legislador", dijo el diputado mendocino Enrique Thomas, quien presentó la medida cautelar en la Justicia mendocina.
"Pero a pesar de considerarla incorrecta, la decisión adoptada no me hace dudar de mi absoluto respeto por el dictamen de los tribunales competentes. Los fallos están para acatarse, en el marco del respeto institucional; especialmente, cuando nos resultan adversos. No dudo de la honorabilidad ni de las capacidades de los miembros de la Suprema Corte, aún cuando su decisión se contrapone con mi visión del problema. Si lo hiciera, me estaría equiparando a quienes, en forma sistemática, utilizaron descalificaciones y agravios como forma de discrepar con mis planteos de fondo en este litigio", agregó el diputado peronista cercano al vicepresidente Julio Cobos.
Asimismo, Thomas señaló que "la celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa. Pero abrigo la esperanza de que estos plazos sean los nuevos tiempos de ejecución de la justicia; de ser así, redundará en un beneficio sustantivo para aquellos que, ante reclamos de menor impacto comunicacional, tuvieron que aguardar por años sus resoluciones o aún esperan"."Obviamente, -continuó Thomas- el fallo de la Corte ha sido dictado en un tiempo inusual para los que normalmente se observan en pronunciamientos similares. De hecho, baste advertir que para pronunciarse sobre la admisión de la demanda de la Provincia de San Luis sobre la misma Ley, en jurisdicción originaria de la Corte, ha demandado al menos seis meses. Y es la primera providencia."
"Este fallo nos invita a reflexionar una vez más sobre la necesidad de reforzar y revisar la real vigencia del principio constitucional de división de poderes de la República y replantearnos cuestiones trascendentales que pongan a los ciudadanos y a los legisladores a cubierto de leyes formal o sustancialmente inconstitucionales, que no den vía libre a la política de los hechos consumados", concluyó el diputado mendocino.
lunes, 14 de junio de 2010
Opiniones del Secretario de la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados
Opina el Diputado Nacional Héctor "Toty" Flores sobre las distorsiones en el sector Cooperativo
“La no respuesta de la dirigencia
del cooperativismo, se debe a que
ellos, de alguna manera, están
involucrados en la puja de poder
entre el gobierno y el Grupo Clarín”
El legislador nacional Hector “Toty” Flores (Coalición Cívica- Capital federal), integrante de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación, se refirió a la denuncia que efectuara la Defensora Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, con respecto a la proliferación de entidades fantasmas, que registran domicilios falsos o inexistentes y que podrían ser utilizadas con fines ajenos a los cuales fueron creadas.
Las declaraciones las formuló al programa “Código de Barras”, que se difunde a través de la emisora FM Frecuencia Zero, de la Ciudad de Buenos Aires.
Al solicitarle su opinión con respecto a la investigación efectuada por la Defensora Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador comenzó señalando que “para el sector cooperativo ha sido un impacto muy fuerte, pero no podemos decir que lo que se ha dicho, no sea verdad”.
Añadió que “sabemos que hay quienes se aprovechan de esta situación. Lamentablemente, los organismos de control del Estado, del cooperativismo, no funcionan bien”. Dijo Flores que “yo vengo denunciando públicamente lo que está sucediendo con estas nuevas cooperativas que el gobierno está creando, donde los cursos de cooperativismo son sólo una formalidad y no contemplan la enseñanza de los valores y principios, que los nuevos cooperativistas necesitan”.
Expresó seguidamente el legislador -- que es un profundo conocedor de la cuestión cooperativa, porque fue creador y orientador de una cooperativa en La Matanza -- que “con esta cuestión de las nuevas cooperativas no sólo se está lucrando desde el punto de vista económico, sino que también se está lucrando políticamente”.
“Yo creo -- dijo el diputado -- que tenemos que salir al cruce de esta situación... Pero son los viejos cooperativistas los que tienen que salir a rescatar los valores y los principios de la cooperación”. El periodista que lo entrevistó lo consultó acerca de la paradoja de que “los dirigentes de las cooperativas no salgan a defender al cooperativismo, ya que no hay ningún referente del sector que lo haya hecho. Es un silencio lamentable de la dirigencia. ¿Qué opina?”.
Sobre el particular, Flores puntualizó que “la no respuesta de la dirigencia del cooperativismo, se debe a que ellos, de alguna manera, están involucrados en esta puja de poder entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín. Yo estoy preparando un pedido de informes sobre este tema y voy a hablar con el presidente del INAES, con el propósito de buscar una solución a este problema”.
Añadió el legislador que “la Defensora Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, me ha comentado que ha sufrido presiones desde el oficialismo con respecto a la investigación que ha realizado, que ha sido muy prolija y profunda”.
Puntualizó en otro pasaje de sus declaraciones que “en la Ciudad de Buenos Aires se han constituido, en los últimos cinco años, 1.200 cooperativas y eso ha sido lo que la movilizó para llevar adelante esa investigación”.
Concluyó expresando el legislador que “el Estado tiene que tener participación activa en la lucha contra estas cooperativas fraudulentas. Hay inescrupulosos que están utilizando la figura de las cooperativas, con fines de lucro”.
14-JUNIO-2010
Fuente Contenido periodístico y foto: Prensa Cooperativa
Diputados quiere informes sobre la TV Digital
La titular de la Comisión de Libertad de Expresión convocó a los responsables de la Televisión Digital para que den explicaciones en la Cámara baja.
Silvana Giudici invitó para el jueves 24 de junio a Tristán Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina SE; al licenciado Gabriel Mariotto, interventor del Comfer; al ingeniero Ceferino Namuncura, interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y a Osvaldo Nemirovsci, coordinador General del Sistema de Televisión Digital Terrestre nacional, para que expongan respecto de la implementación de la Televisión Digital.Giudici presentó pedidos de informes al Poder Ejecutivo, para que se informe respecto al marco jurídico que sostiene la decisión de esta instrumentación y a los costos necesarios de su puesta en marcha. En el mismo sentido hubo otros diputados que presentaron pedidos de informe, lo que motivo la invitación.
Por otra parte, la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, se refirió a la necesidad de sancionar una ley de acceso a la información, asegurando que “debemos sancionar de manera urgente una Ley de Acceso a la Información pública”.“El acceso a la información constituye un aspecto central de la vida democrática, ya que instaura un derecho básico y, además, una condición principal para el ejercicio pleno de la ciudadanía”, expresó la diputada radical.
Agregó la diputada porteña que “quienes sustentan el autoritarismo, la corrupción y las políticas clientelistas, buscan por todos los medios coartar las posibilidades de la población de informarse libremente en pleno ejercicio de sus derechos”.
“El Gobierno nos niega, sistemáticamente, la información que hemos solicitado en varias oportunidades, como también lo ha hecho con organizaciones como Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles, en una clara violación del Decreto 1172/03 de acceso a la información, por eso vamos a sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública”, concluyó la diputada.
Fuente: Contenido y foto: Parlamentario.com
miércoles, 9 de junio de 2010
Una mirada desde la izquierda de la Ley de medios
La diputada y periodista Cecilia Merchán, presidenta del bloque Libres del Sur, se refirió a la suspensión de la Ley de Medios sobre la cual deberá expedirse en breve la Corte Suprema y rememoró su experiencia como comunicadora social.
No vamos a permitir que se deshonre a esa ley, obtenida con tanto sacrificio, y que sea manoseada y bastardeada por personajes nefastos que no solo no creen en ella sino que además pretenden utilizarla para sus propios intereses, que son y serán los mismos de los sectores dominantes en este país: los intereses económicos al beneficio de unos pocos.
En el día del y de la periodista, manifestamos todo nuestro cariño a los trabajadores y trabajadoras que con honestidad hacen de la comunicación un servicio para el conjunto del pueblo, a través de la búsqueda de la participación de ciudadana, de la investigación rigurosa y, en última instancia, de la verdad sin importar las consecuencias. Con todo lo que eso implica.”
publicado contenido y foto en: Noticias del Congreso de la Nación
“La Corte Suprema de Justicia debe expedirse en breve sobre el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo para destrabar la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Teniendo en cuenta el poco sustento de las medidas judiciales que han frenado su aplicación, es muy probable que el tribunal supremo se pronuncie a favor de la aplicación de la ley. Y como hoy honramos a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el oficio, sobre la ley de servicios audiovisuales y sobre los medios de comunicación.
Soy comunicadora social. Conozco el oficio del periodismo: en Córdoba hice radio, tele, gráfica y cine documental. Amo desarrollar herramientas que potencien las ideas en las que creo, y que me permitan interactuar con el pueblo al que aspiro a representar. Ya en mis tiempos de estudiante veíamos que el verso de la objetividad en los medios no existe y que lo que hay son, sencillamente, intereses. También veíamos la necesidad de impulsar una nueva ley de radiodifusión que enterrara la vieja ley de la dictadura y que fuera acorde a la flamante democracia.
Tuve el orgullo de plantar esa bandera, que había ondeado tanto en mi época de estudiante, como en mi trabajo y mi militancia, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Si bien con el apoyo incondicional de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el comienzo de esa batalla nos encontró a muy pocos legisladores y legisladoras dispuestos a darla. Me tocó incluso contemplar atónita cómo el gobierno le extendía la licencia a todos los canales de aire. Más tarde los Kirchner decidieron que Clarín no era el monopolio mediático más funcional a sus necesidades, y bajo el paraguas de su enfrentamiento con el grupo logramos colar, ahora sí con fuerza, una ley extraordinaria, fruto del trabajo de miles y miles de personas y horas de militancia y amor al oficio de periodismo.
Pero algo pasó en el camino: recuerdo al final de la votación en senadores, esa madrugada en que se sancionó la ley, a altos funcionarios agitando un ejemplar de Clarín y aullando “¡ganamos! ¡ganamos!”. Quiero decir algo: ese nunca fue el propósito. No creo, mi Movimiento no cree en la lógica de todo o nada, porque todo no existe, y por esa arrogante pretensión muchas veces nos quedamos con nada. La ley de Servicios Audiovisuales debe garantizar la pluralidad de voces. Esa es la pelea que dimos, la pelea que ganamos. Bajo ningún punto de vista la ley debe servir para que se reemplace a un monopolio por otros grupos amigos vinculados y afines al gobierno de turno.No vamos a permitir que se deshonre a esa ley, obtenida con tanto sacrificio, y que sea manoseada y bastardeada por personajes nefastos que no solo no creen en ella sino que además pretenden utilizarla para sus propios intereses, que son y serán los mismos de los sectores dominantes en este país: los intereses económicos al beneficio de unos pocos.
En el día del y de la periodista, manifestamos todo nuestro cariño a los trabajadores y trabajadoras que con honestidad hacen de la comunicación un servicio para el conjunto del pueblo, a través de la búsqueda de la participación de ciudadana, de la investigación rigurosa y, en última instancia, de la verdad sin importar las consecuencias. Con todo lo que eso implica.”
publicado contenido y foto en: Noticias del Congreso de la Nación
jueves, 29 de abril de 2010
Repudio unánime en el Senado por los escraches a periodistas
Repudio unánime en el Senado por los escraches a periodistas
Vale destacar que se unificaron varios proyectos de declaración. Es la primera vez en 2010 que el oficialismo y los bloques opositores de la Cámara alta realizan una votación unánime.
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“Espero que la Presidenta de la Nación reflexione para que tome las medidas que sean necesarias con quienes están convocando al tribunal popular en la Plaza de Mayo contra periodistas que han sido difamados, sería muy grave que suceda eso", sostuvo la porteña María Eugenia Estenssoro, que dio comienzo al debate en relación con los escraches contra periodistas. La senadora de la Coalición Cívica reconoció la lucha de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aunque declaró dicha militancia no la habilita “a que organice tribunales populares”, y soslayó que el Ejecutivo debe tomar medidas en relación con el asunto “ya que da como Gobierno Nacional recursos cuantiosos” a la agrupación de Bonafini.Estenssoro finalizó: “Necesitamos que los medios estatales y privados no sean medios de barricada, sino que sean medios donde se analicen todas las posiciones”, y remarcó que le preocupa “el rol de propaganda política, tanto Canal 7 como Radio Nacional, que son financiados por todos los ciudadanos”. El formoseño Luis Petcoff Naidenoff precisó que “estamos en un punto de inflexión, algunos funcionarios deben dar informes y explicar porque cuando las cosas se potencian desde la virulencia verbal, terminan mal”.
Luego, pidió uso de la palabra el jujeño Guillermo Jenefes, que señaló que se debe “respetar el derecho a la información, que está reconocido en la Constitución Nacional”, y recordó que “debe existir en nuestro país el diálogo, nos debemos escuchar”. Además señaló que los escraches a periodistas son “actos cobardes, debemos tratar de que no se repitan en la Argentina”.
“Desde el Estado se estaría incitando a la violencia”, opinó la salteña Sonia Escudero, y expresó que “la libre creación y circulación de las ideas es un derecho constitucional, celebro que el Senado esté apoyando esta declaración”, ya que “sin libertad de expresión, es imposible que exista democracia”.
Por su parte, el senador pampeano Juan Carlos Marino advirtió que en Argentina “tiene que haber Gobierno y oposición, y no Gobierno y enemigos”, mientras que el misionero Eduardo Torres precisó: “Voy a defender siempre la profesión del periodismo, pero desde esta banca también voy a pedir que la prensa verdaderamente cumpla su función y mantenga informada a la sociedad de una manera objetiva”.
“Es verdad que el clima está raro, pero hay que reconocer que jamás hubo tanta libertad de prensa como hay ahora”, aseveró la entrerriana Blanca Osuna, y agregó que no puede ser que se esté pidiendo en el recinto de la Cámara alta que no se deje expresar a las Madres de Plaza de Mayo, porque “estaríamos en una gran contradicción”.
“Si hay algo que tengo claro es que el Gobierno no necesita que lo defienda”, puntualizó la fueguina María Rosa Díaz, mientras que el senador porteño Daniel Filmus indicó: “No jueguen con la palabra dictadura, no jueguen con que en este país no hay libertad, hay que diferenciar, no juguemos con lo que le pasó a muchos de los que están acá o a muchos argentinos”.
El senador y titular del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, evaluó que “el Gobierno Nacional equivoca el camino a seguir cuando explicita algunas cosas”, y citó parte de las declaraciones del ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner, que dijo este martes que “la primera fuerza de la oposición es la concentración mediática”. El legislador santafesino explicó que no tiene ningún sentido descalificar y ningunear a la oposición, porque se “degrada el debate”.
“Cuando votamos la ley de transferencia de las AFJP, llenaron la ciudad con afiches y se nos acusaba del exterminio de millones de jubilados”, afirmó el neuquino Marcelo Fuentes, y pidió “sincerar el debate”, debido a que cuando hay “leyes dictadas en condiciones de constitucionalidad”, algunos senadores “se convierten funcionales” de grupos económicos.
La tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich reflexionó que “hay que acabar con la hipocresía, empecemos a respetar la palabra en esta casa”. Por otro lado, el radical José Cano se preguntó: “¿En qué país serio un Jefe de Gabinete califica de ‘garca’ a un dirigente?”, en relación con el cruce entre Aníbal Fernández y el diputado nacional Fernando “Pino" Solanas.
“Cuando uno llama nazi a una persona, es como llamarlo animal, genocida, hay que tener cuidado”, indicó el formoseño José Mayans, y agregó: “Hay algunos periodistas que dicen que son libres, pero llegan a opinar en contra y al otro día están sin trabajo”.
El cordobés Luis Juez alentó el debate por el tema: “Este proyecto condena el miedo, nosotros tenemos que dar garantías, tanto oficialistas como opositores, de eso se trata esta iniciativa”. En el mismo sentido se pronunció el líder del Peronismo disidente, el puntano Adolfo Rodríguez Saá: “Este Parlamento debe contribuir para que la sociedad no tenga miedo, la libertad de expresión es un valor enorme en una democracia, hay que dejar de lado cualquier tipo de descalificación”, y señaló que “Perón una vez dijo que este país lo debemos querer todos para que funcione”.
“La situación de los escraches es grave, porque pone en riesgo derechos que tienen que ver con la vigencia de la democracia, y tiene que tener una respuesta pacífica y ética que debe ser institucional, por eso estamos acá”, sostuvo el líder de la bancada radical en la Cámara alta, Gerardo Morales, y soslayó que “si se impone la cultura del miedo, la sociedad se convierte en opaca y se termina debilitando la democracia como estilo de vida”.
El último en hacer uso de la palabra fue el titular del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que consideró que “es injusto que se le atribuya” al Gobierno Nacional el tema de los escraches. Además manifestó: “Esos grupos que fueron a la Feria del Libro, si creen que le estaban haciendo un favor al Gobierno se equivocaron, es absolutamente todo lo contrario”. El rionegrino también enfatizó que es necesaria “la desmonopolización de los medios para que haya más pluralidad, nuestro debate es indudablemente contra las voces concentradas que dicen que en el país está todo mal”.
“Nunca hubo una represión, ¿de qué miedo me están hablando?”, puntualizó Pichetto, que concluyó: “Creo que hace falta que los argentinos podamos reencontrarnos”, señalando el Bicentenario como un buen motivo para que eso suceda
Periodistas reflexionaron en el Senado sobre los escraches a la prensa
La Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, cuya titular es María Eugenia Estenssoro, recibió este miércoles a Magdalena Ruiz Guinazú, Joaquín Morales Solá, Marcelo Bonelli, Eduardo van der Kooy y Nelson Castro, entre otros.
El repudio contra los escraches a la prensa fue el tema principal de la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, cuya presidenta es la senadora María Eugenia Estenssoro, que recibió a los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Ricardo Kirschbaum, más representantes de FOPEA, para que reflexionen sobre dicha cuestión.
Durante la reunión se recordaron todos los proyectos en los que se repudian los escraches a la prensa. Vale destacar que el socialista Rubén Giustiniani fue uno de los que presentó una iniciativa sobre el tema. Además hay proyectos de los senadores Daniel Filmus, que lleva la firma del líder de la bancada kirchnerista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto; y del presidente provisional del Senado, José Pampuro.
Uno de los periodistas invitados a la comisión aseguró que las declaraciones del ex presidente Néstor Kirchner, que este martes manifestó, entre otras cosas, que “la primera fuerza de la oposición es la concentración mediática”, son una clara demostración de quién es la persona que dio el aval a los escraches a través de afiches.
Se mencionaron todos los casos de agresiones que vienen recibiendo los periodistas como son el incendio del vehículo de la periodista de Santa Cruz Adela Gómez, la aparición de afiches anónimos contra periodistas del Grupo Clarín, el “tribunal ético” que promueve Hebe de Bonafini acusando a periodistas de haber sido cómplices de la dictadura, el ataque sufrido por Gustavo Noriega en la presentación de su libro sobre el INDEC en la feria del libro y las últimas declaraciones del diputado y presidente del Partido Justicialista Néstor Kirchner, entre otros.
María Eugenia Estenssoro señaló al abrir el encuentro que “esta escalada de difamación tiene como objetivo debilitar el rol de la prensa en democracia” y aclaró que “este no es sólo un acto simbólico, los invitamos aquí a peticionar ante sus representantes y nosotros, actuaremos en consecuencia. Nos comprometemos a hacer todas las gestiones para garantizar todos sus derechos y una plena vigencia de la libertad de expresión”.
A continuación hicieron uso de la palabra los periodistas invitados a dar su opinión. Magdalena Ruiz Giuñazú remarcó que esta es una “situación inédita desde el regreso de la democracia y que va en aumento”. Joaquín Morales Solá, por su parte señaló que “con este clima de persecución creciente lo que se busca es eliminar la función del periodista”.
Luego, Daniel Santoro manifestó que “hace años que escribo y muchas veces lo he hecho sobre ustedes (en referencia a los senadores), pero nunca recibí un ataque anónimo de su parte. Eso es la tolerancia”. Edgardo Alfano indicó que “se está creando una falsa idea de que lo que está sucediendo es una cuestión del Gobierno contra Clarín, pero en realidad es contra todos los que piensan diferente”
Ricardo Kirschbaum, señaló que “con sus declaraciones de ayer en la CGT, Néstor Kirchner le puso firma a los afiches”. Eduardo Van Der Kooy lamentó el hecho de tener que estar dando explicaciones en el senado porque “luego de 27 años de democracia, es una muestra de retroceso”. Agregó que, además, “el gobierno trabaja con una metodología autoritaria para establecer diferencias entre los periodistas”.
Marcelo Bonelli indicó que “todas estas acciones apuntan a generar temor y es necesario poner un límite institucional”. A su turno, Nelson Castro manifestó que “Esto es lo que se viene. La presencia de los carteles intimidatorios en el acto de apoyo a la Ley de Medios, el tribunal ético de Hebe de Bonafini con participación de funcionarios del Gobierno, y lo dicho ayer por Kirchner, dejan en claro que esto no es anónimo y tuvo una firma desde el principio".
Luego hicieron uso de la palabra los diferentes senadores que asistieron a la reunión. El vicepresidente de la Comisión, el oficialista Guillermo Jenefes señaló que “hablo en nombre de mi bloque y repudio todo tipo de ataque” y agregó que “a mí no me representan los violentos ni (Luis) D’elía ni Hebe de Bonafini”.
La senadora por Córdoba, Norma Morandini (Frente Cívico) destacó que “no puede haber democracia sin prensa ni libertad de expresión” y le pidió a la presidenta que “apelando a su respeto por los derechos humanos pare con esta rueda de violencia”. Por su parte, y en el mismo sentido, la senadora formoseña Adriana Bortolozzi (Frente para la Victoria) expresó su pedido para que “nuestra presidenta detenga el acto de mañana en la plaza de Mayo y todas las persecuciones” y remarcó la necesidad de modificar la ley de medios: “yo la vote y me equivoqué”, indicó.
El senador Gerardo Morales (jefe del bloque UCR) señaló que “está en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información y se abre la puerta de acceso al totalitarismo”.
Al finalizar la reunión, la comisión emitió un dictamen conjunto de todos los bloques para que en la sesión de hoy el senado manifieste “su más enérgico repudio a todo acto de violencia, intimidación, hostigamiento y persecución que atente contra la labor de los periodistas y los medios de comunicación y todo tipo de conducta que impida el libre acceso a la información pública, en razón que constituyen actos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República Argentina”.
Se propuso, además, la citación del titular del Comfer, Gabriel Mariotto y del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a la Comisión de Medios y Libertad de expresión a fin de brindar informe sobre todos los temas expuestos y fijen la posición del Gobierno Nacional-
Estenssoro señaló que la comisión convocará también al titular de los medios públicos “ya que, por ejemplo, la marcha en la que se vieron afiches y pancartas intimidatorias contra periodistas, fueron promovidas desde los canales públicos, que funcionan como canales de propaganda del Gobierno” aunque aclaró que este tema de presiones e intimidaciones “es un tema que compete tanto a los medios públicos como a los privados”.
Parlamentario.com
Diputados reciben a periodistas agredidos
La Comisión de Libertad de Expresión recibirá las visitas de representantes de la prensa involucrados en el marco del clima de beligerancia con la prensa que se vive actualmente.
La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja recibirá este jueves a los periodistas Fanny Mandelbaum, Magdalena Ruiz Guiñazú, Luis Majul, Joaquín Morales Sola, Daniel Santoro, Marcelo Borelli, Edgardo Alfano y representantes de Fopea, para analizar el agravamiento de la conflictividad contra la prensa y los periodistas.La reunión en apoyo a los periodistas se realizará este jueves a las 12, en el 2º piso del Edifico Anexo de la Cámara de Diputados, Av. Rivadavia 1865
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viernes, 23 de abril de 2010
Bortolozzi ahora impulsa cambios a la ley de medios
La senadora del PJ (Formosa) quiere ampliar a 10 años el plazo para la desinversión de las empresas
Gustavo Ybarra
LA NACION En medio de un clima de tensión creciente y de repudio a las presiones kirchneristas a los medios de comunicación, la senadora oficialista Adriana Bortolozzi (Formosa), presentó un proyecto de ley que modifica la controvertida ley de medios que impulsó la Casa Rosada.
En sus puntos más importantes la iniciativa le quita al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar licencias en los grandes conglomerados urbanos y amplía de 1 a 10 años el plazo para que las empresas se ajusten a la norma. Se trata de un disparo directo al corazón de la norma, ya que modifica los artículos (32 y 161) más defendidos por la Casa Rosada cuando el texto se discutió en el Congreso y la propia senadora de Formosa votó en favor de la ley.La semana pasada Bortolozzi quebró la estrategia oficialista de negar el quórum y permitió al Senado romper con más de 40 días de parálisis. A la vez, la legisladora del PJ que es esposa del vicegobernador de Formosa, Floro Bogado, acompaña su iniciativa con un escrito de fuerte tono crítico a los embates del Poder Ejecutivo al Grupo Clarín y a la ley impulsada por la administración de Cristina Kirchner.
El escrito se titula "Tribulaciones de Adriana Bortolozzi ante la espantosa bruja que se robó a dos bebes para cocinarlos en el caldero" y en él la legisladora sostiene: "Yo voté la ley de medios. ¡Ay! Ahora me pregunto: ¿medios para qué fines? ¿Medios para reclutar buenos y obedientes periodistas y decirles qué hacer? ¿Medios para indicar desde el Palco a los periodistas que se portan mal?" La propia senadora se responde: "Yo creía que eran medios para la tele con buenos programas para todos. Yo creía que eran medios para salir de la ley del proceso. Yo creía que eran medios para repartir algo de la voz concentrada en una empresa enlatadora de palabras y repartirla entre los que no tienen verbo. ¡Excusas mías!"
La senadora acompaña esta apostasía de su voto oficialista del proyecto con el que pretende modificar los puntos más reclamados por el Poder Ejecutivo de la ley de medios (26.522).La oposición
Voceros de la oposición vieron con buenos ojos la iniciativa, aunque dijeron que, por el momento, la estrategia será mantener su tratamiento en pausa hasta tanto se aclare la situación de la norma, cuya aplicación se encuentra suspendida por varios fallos judiciales.
Precisamente, Bortolozzi justifica su iniciativa en los fallos judiciales que han recaído sobre la ley.
En ese sentido, plantea cambios en el sistema de elección de los miembros de la Autoridad de Aplicación, organismo clave en la ejecución de la ley, exigiendo el acuerdo del Senado para todos los candidatos. La norma vigente establece un método de exposición de antecedentes similar al decreto 222, que fijó los pasos administrativos para nombrar jueces en la Corte Suprema de Justicia.
Otro cambio sustancial propuesto por Bortolozzi es la eliminación del límite de cobertura que se aplica a los medios de comunicación, establecido en la ley en el 35% de la población. Según la legisladora, de esta manera se busca "estimular la efectiva competencia entre los licenciatarios del sector".
Sobre el polémico artículo 161, la senadora califica de "irrazonable" el plazo de un año para que los medios de comunicación se desprendan de las licencias que superen los límites impuestos por la norma. En rigor, este fue uno de los temas más espinosos de la ley de medios y generó varios cuestionamientos en los tribunales.
Para Bortolozzi, el texto sancionado por el Congreso por la mayoría kirchnerista "afecta el derecho de propiedad" de los actuales licenciatarios, razón por la cual eleva a diez años el plazo de la denominada "cláusula de desinversión".
La senadora también presentó un proyecto en el que declara su "pesar y alarma ante las acciones de amedrentamiento" a periodistas y jueces que se vio en los últimos días (de lo que se informa por separado). Además, la legisladora de Formosa destaca en su proyecto de ley que "la dolorosa frustración ante las consecuencias no queridas al sancionar la llamada ley de medios produce violencia antes de haber nacido".
Fuente: La Nación
la Senadora Bortolozzi se aleja más del kirchnerismo: presentó un proyecto para modificar la Ley de Medios
En una muestra más de su alejamiento del oficialismo la senadora formoseña Bortolozzi, quien habilitó el quórum en la última sesión de la Cámara alta, presentó hoy un proyecto para modificar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El proyecto modifica dos artículos fundamentales referentes al otorgamiento de licencias y a la autoridad de aplicación. Adriana Bortolozzi, se diferenció así una vez más del oficialismo, luego de que durante la última sesión del Senado bajara a dar quórum a la oposición, mientras el pleno del bloque del Frente para la Victoria estaba ausente y amenazaba con trabar la sesión.
El proyecto de la legisladora, esposa del vicegobernador formoseño Floro Bogado, establece la modificación del artículo 161 de la ley 26.522, que le daba a quienes tuvieran licencias de medios de comunicación un año para adaptarse a la nueva norma. Esta iniciativa prorroga ese lapso de caducidad y establece que los licenciatarios puedan conservar las licencias durante 10 años desde la entrada en vigencia de la ley.
La otra modificación polémica que propone es la del artículo 14, referido a la conformación de la autoridad de aplicación de la ley, y propone que la conducción y administración de esa entidad sea "ejercida por un directorio integrado por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Senado".
Así, le da mayor control a la Cámara alta, al señalar que el directorio "estará conformado por un presidente y un director propuestos por el Poder Ejecutivo"y "tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual" de acuerdo a las mayorías parlamentarias.
En efecto, estos últmos tres directores corresponderán "uno ala mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría", según el proyecto.
• Particular misiva
Además de las modificaciones a la norma, que hoy está suspendida por amparos judiciales, la senadora adjuntó una carta en la que dice que ella votó la ley de medios impulsada por el Gobierno pero que "creía que eran medios para repartir algo de la voz concentrada en una empresa enlatadora de palabras y repartirla entre los que no tienen verbo".
"Ahora no vamos a ayudar a la gente a expresarse. A ver fútbol sí, pero sólo gritar ante el televisor, no cantar las cuarenta desde un medio", sostuvo la senadora, y agregó: "si esto sigue así, tampoco podrá nuestra primera mandataria comunicarse con sus mandantes, porque con esos medios no le creerán".
Además, la formoseña pareció vincular la sanción de la ley a la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín al referirse irónicamente al caso de la filiación de los hijos de la dueña del holding, Ernestina Herrera de Noble.
El título de la carta dice "Tribulaciones ante la espantosa bruja que se robó a dos bebés para cocinarlos en el caldero", en una irónica alusión al enfrentamiento en el que la senadora enmarca el conflicto por los hijos de Herrera de Noble.
En las últimas líneas de la iniciativa, Bortolozhttp://miradacooperativa.blogspot.com/2010/02/estar-atentos-los-cambios-en-el-senado.htmlzi sostiene que su proyecto es "para que el que tiene la voz más fuerte no haga creer a la gente inocente que todo se trata de castigar a la temible bruja que a pesar de ser inmensamente rica, robó dos bebitos para prepararse una cazuela".
Fuente: Ámbito Financiero
Fuente: Parlamentario.com
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jueves, 22 de abril de 2010
Propuesta para cambiar la ley de Entidades Financieras
Cómo controlar a los bancos desde las bancas
Por Martín Piqué
El bloque Nuevo Encuentro ya tiene decidido dónde y cuándo presentará en sociedad el proyecto de nueva ley de entidades financieras. Lo hará el lunes próximo, a las 12 y en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados. El texto de la iniciativa llevará por título “Ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros”. Lejos de las pautas que exige el establishment, la propuesta busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado de monitorear la actividad bancaria, destinado a la federalización del crédito y su direccionamiento con fines productivos.
En los últimos días, los diputados que encabezarán la propuesta prefirieron mantener bajo reserva sus detalles: el cuidado se explica por la natural disposición a abrir vías de negociación con otros sectores legislativos. “No queremos hacer un proyecto testimonial, sino que pretendo contar con todos los apoyos necesarios”, declaró en su momento el diputado Carlos Heller, que trabaja desde hace tiempo en la iniciativa, en la que colaboró una decena de economistas y abogados.El proyecto se propone reemplazar a la legislación actual en materia de bancos. La ley que rige hoy la actividad financiera proviene directamente de la dictadura (como la 22.285, que reglamentaba la radiodifusión inspirada en los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional) y es considerada una herramienta jurídica heredada del neoliberalismo. El contenido básico de esa legislación, además, está en línea con los principios del Comité de Basilea, un espacio de coordinación y fijación de reglas para la actividad bancaria a nivel global. Esas reglas, vale aclararlo, no son de cumplimiento obligatorio por todos los países.
El Comité de Basilea está integrado por los presidentes de los bancos centrales de las diez economías más grandes del mundo. Las últimas recomendaciones del Comité –conocidas como Basilea II– imponen un capital mínimo muy alto para operar y son bastante restrictivas: alientan la concentración bancaria. El proyecto de Nuevo Encuentro no pretende acatar a rajatabla los preceptos de Basilea. Heller ya reconoció que la propuesta no está inspirada en las recomendaciones del Comité. En cambio, sostiene que esas regulaciones, como también el rol coordinador de los principales bancos centrales, colapsaron con la crisis que sacudió al mundo en 2009. “La crisis financiera internacional puso de manifiesto que la autorregulación no sirve. Además, esas reglas no pueden ser aplicadas a países periféricos porque desincentivan el crédito a las pymes”, declaró.
Lejos de las pautas que exige el establishment financiero, la propuesta busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación de la actividad bancaria. Para empezar, se impulsa un modelo basado en los usuarios de los servicios financieros y no en las entidades que prestan esos servicios. Para los autores de la iniciativa, eso significa que los usuarios puedan acceder a los servicios bancarios con una mayor cobertura geográfica y una mayor inclusión. El modelo propuesto prevé que la actividad financiera sea considerada un servicio público. Considerar que la práctica de prestar dinero –créditos al consumo, a la inversión, a la compra de viviendas– es un servicio público implicaría que dicha actividad no quede más librada a la libre acción del mercado. Como sucede hoy.
La intención de los impulsores era presentar el proyecto antes de la apertura de las sesiones ordinarias, pero el debate en torno del uso de las reservas para pagar deuda –el discutido Fondo de Desendeudamiento– obligó a postergar la elaboración del texto. La iniciativa se podría resumir en las siguientes líneas de acción, que a su vez se podrían sintetizar en el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado de monitorear la actividad bancaria:
- Crear una superintendencia única para las entidades financieras, cambiarias y de valores. También crear un organismo que defienda los intereses de los actores financieros en todos los mercados, como asimismo los derechos de los usuarios.
- Regular las tasas para fomentar algunas actividades que sean esenciales.
- Obligar a los bancos a prestar dinero con fines puntuales. Se privilegiará a las pymes y a la economía social.- Facilitar la labor de la banca nacional, tanto cooperativa como privada.
- Establecer requisitos diferenciados para los bancos privados de envergadura, por un lado, y para las cooperativas de crédito y las cajas populares, por otro.- Fomentar el acceso y la inclusión al sistema bancario. Darle una impronta más federal.
Las ideas del proyecto tienen puntos de contacto con propuestas anteriores: esos borradores buscaban derogar y reemplazar la ley vigente, cuyo responsable fue José Alfredo Martínez de Hoz, y se planteaban como principal objetivo direccionar el crédito del consumo a la inversión, implementar un sistema de tasas de interés subsidiadas para financiar proyectos y motorizar una mayor participación de la banca pública en la actividad. Un ejemplo es la propuesta que el Grupo Fénix presentó hace dos años. En esta oportunidad varios bloques adelantaron su compromiso de discutir el proyecto en el Congreso. Incluso existe una promesa de votarlo positivamente para tratar de obtener su sanción.
En Nuevo Encuentro confían en lograr el apoyo del Frente para la Victoria y harán esfuerzos por sumar a la bancada de Proyecto Sur, lo que será difícil tras el descarnado enfrentamiento que desencadenó el affaire de Roberto Larosa.
Fuente: Página 12
Rodolfo Santecchia
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