En el día de hoy, aparece publicada en La Nación, una interesante noticia sintetizada por la periodista Laura Capriata, que nos hizo reflexionar sobre un tema que a veces es tabú dentro del sector cooperativo.
Desde MIRADA COOPERATIVA siempre hemos sostenido, que sobre una “torta global” de $ 10.000 millones de publicidad (entre pública y privada), la incidencia de la publicidad oficial es bastante importante dentro del total, lo que convierte al Gobierno Nacional en el principal anunciante del sistema de medios de comunicación argentino (el actual y el que se va a formar luego de la puesta en funcionamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Incluso, si allí se incorpora el monto asegurado para el Fútbol Para Todos, esa participación aumenta en más del cincuenta por ciento…
Además, con seguridad, esa pauta global aumenta un poco, cuando se incluyen publicidades de carácter local o semi formal, que se emiten a través de medios que quedan fuera del sistema principal. Pero a los efectos de su análisis, es muy significativa la incidencia de la pauta pública nacional, como se puede ver.
Incluso, según estudios que han realizado distintas ONGs, como Poder Ciudadano, lo que queda claro es la terrible concentración de pauta pública en grupos de medios afines al gobierno. Muchos de los cuales, ni siquiera son auditados por organizaciones independientes como Instituto verificador de Circulaciones (IVC) en el caso de la gráfica) o IBOPE en señales audiovisuales.
Por supuesto que no apoyamos que la pauta se distribuya mayoritariamente hacia Clarín, como ocurría antes de la “declaración de guerra común” entre ese grupo de medios y el Gobierno Nacional. Eso era la misma deformación, con diferente protagonista, porque en ese momento convenía así.
Pero será muy importante que se sincere la situación, si la pauta oficial es “un subsidio a la comunicación diversa”, algo que puede ser debatido y establecido con trasparencia y que posibilitaría que existan diversas voces; ese aporte debería ser realizado con una inclusión en el Presupuesto Nacional y con pautas objetivas y públicas, para que no haya medios excluidos por “opinar distinto a lo que piensa el gobierno de turno”, ni tampoco otros que sólo existan para “generar tapas, noticias u operaciones de prensa oficialistas”. Incluso, el Órgano de aplicación de ese mecanismo, debería tener control parlamentario y su Presidencia debería recaer en una persona con acuerdo del Congreso (o de alguna de sus Cámaras). No hay que confundir el órgano que distribuyera ese “aporte o subsidio a la comunicación diversa” con la estructura del Poder Ejecutivo que definiera las campañas de comunicación de los actos de gobierno. Uno debería ser un organismo que se ocuparía de garantizar que existiera pluralidad de opiniones y miradas para que los ciudadanos puedan recibirlas gratuitamente, según los principios de la Convención Interamericana de derechos humanos (hoy texto constitucional en Argentina) y otro sería como la “agencia de publicidad del gobierno”, que establecería los productos informativos y organizaría las campañas, luego tendría una gran diversidad de medios comerciales y no lucrativos, donde se publicarían las mismas y llegarían a todos los ciudadanos.Al sector cooperativo, le debe interesar apoyar un mecanismo legislativo de este tipo, que garantizaría que su independencia y ajenidad del poder político, no le impedirían recibir aportes imprescindibles para poner en funcionamiento y operar diversos medios de comunicación. Y nos parece importante que las Organizaciones superiores del sector como sus federaciones y confederaciones, realicen una incidencia permanente sobre el Congreso y sus miembros, llevando una opinión que sea consensuada.
Por supuesto esto es simplemente un aporte, pero la contracara de esta posible situación es sucumbir a la independencia y tener que transformarse en voceros acrítico de las políticas públicas (tanto nacionales como provinciales), si se recibe alguna pauta publicitaria. Conocemos varios medios cooperativos que han debido recurrir a ese mecanismo, para poder sobrevivir…
Rodolfo Santecchia
Embestida por la publicidad oficial
En Diputados debatirán desde hoy los proyectos para controlar cómo se distribuye la pauta
Laura Capriata
LA NACION
Durante el año pasado, el Gobierno duplicó el gasto en publicidad oficial: pasó de $ 395 millones que invirtió en 2008 a $ 829 millones en 2009. El dato cobra dimensión si se revisa que al llegar el kirchnerismo al poder, en 2003, había comenzado con un gasto de $ 46 millones.
Con estos números en la mano y la sospecha de que los medios oficialistas son los mayores beneficiados, esta semana la oposición intentará avanzar en el Congreso en su intento de controlar el gasto en publicidad oficial.
Para hoy está convocado en Diputados un plenario de las comisiones de Comunicaciones (que preside la oficialista Silvia Vázquez, de la Concertación) y de Libertad de Expresión (encabezada por Silvana Giudici, de la UCR), en el que empezarán a tratar de consensuar un dictamen que unifique los nueve proyectos presentados sobre el tema.
"Uno de sus ejes será la creación de registros públicos para que todo el mundo sepa quién aspira a recibir la pauta oficial y a quién se le otorga finalmente", explicó a LA NACION Giudici.
Efectivamente, la mayoría de las iniciativas que se analizarán el martes propone un registro para que se inscriban los medios que aspiran a recibir publicidad del Gobierno. Otros puntos sobresalientes de varios proyectos incluyen la creación de una agencia de información que centralice el manejo de la pauta, un plan anual que adelante las campañas por desarrollar y el costo, y hasta la prohibición de transmitir publicidad oficial en período electoral.
Varias iniciativas también proponen un rango de criterios que deberían utilizarse para asignar la pauta del Gobierno, prohíben que la publicidad funcione como subsidio encubierto a determinados medios y fijan un tope máximo a ese rubro en la facturación anual de cada empresa.
A pesar de que dicen apuntar a lo mismo (el fin de la discrecionalidad en la pauta oficial), los proyectos opositores también tienen diferencias entre ellos. Por ejemplo, el del diputado socialista Roy Cortina (Capital) es el único que reclama que una misma empresa de medios no pueda recibir más de un 5% de toda la publicidad oficial que se distribuya. Además, prohíbe al Gobierno retirar abruptamente la pauta como represalia por difundir determinada información. "El otorgamiento y el retiro de la pauta oficial se utiliza como mecanismo de presión o como sistema de premios y castigos a los medios considerados afines o críticos al oficialismo", consideró Cortina.
"Buscamos eliminar discrecionalidad y recursos en manos del Poder Ejecutivo, que ha cometido aberraciones en la materia, sobre todo en años electorales", se sumó la diputada Margarita Stolbizer (Buenos Aires), jefa de la bancada del GEN, que, a través del diputado Jaime Linares (Buenos Aires), también presentó un proyecto propio.
Otras de las bancadas que lo hicieron fueron la Coalición Cívica, Proyecto Sur, la UCR y el Partido Liberal de Corrientes.
Se descuenta que el kirchnerismo no comulgará con ninguna de esas iniciativas, incluso el plenario sólo fue posible después de varios meses, forzando el cronograma de debates.
Según los planes opositores, agosto es clave para acordar un proyecto común, con el objetivo de llegar a fin de mes con dictamen firmado y votarlo cuanto antes en el recinto.
Fuente: Diario La Nación
En Diputados debatirán desde hoy los proyectos para controlar cómo se distribuye la pauta
Laura Capriata
LA NACION
Durante el año pasado, el Gobierno duplicó el gasto en publicidad oficial: pasó de $ 395 millones que invirtió en 2008 a $ 829 millones en 2009. El dato cobra dimensión si se revisa que al llegar el kirchnerismo al poder, en 2003, había comenzado con un gasto de $ 46 millones.
Con estos números en la mano y la sospecha de que los medios oficialistas son los mayores beneficiados, esta semana la oposición intentará avanzar en el Congreso en su intento de controlar el gasto en publicidad oficial.
Para hoy está convocado en Diputados un plenario de las comisiones de Comunicaciones (que preside la oficialista Silvia Vázquez, de la Concertación) y de Libertad de Expresión (encabezada por Silvana Giudici, de la UCR), en el que empezarán a tratar de consensuar un dictamen que unifique los nueve proyectos presentados sobre el tema.
"Uno de sus ejes será la creación de registros públicos para que todo el mundo sepa quién aspira a recibir la pauta oficial y a quién se le otorga finalmente", explicó a LA NACION Giudici.
Efectivamente, la mayoría de las iniciativas que se analizarán el martes propone un registro para que se inscriban los medios que aspiran a recibir publicidad del Gobierno. Otros puntos sobresalientes de varios proyectos incluyen la creación de una agencia de información que centralice el manejo de la pauta, un plan anual que adelante las campañas por desarrollar y el costo, y hasta la prohibición de transmitir publicidad oficial en período electoral.
Varias iniciativas también proponen un rango de criterios que deberían utilizarse para asignar la pauta del Gobierno, prohíben que la publicidad funcione como subsidio encubierto a determinados medios y fijan un tope máximo a ese rubro en la facturación anual de cada empresa.
A pesar de que dicen apuntar a lo mismo (el fin de la discrecionalidad en la pauta oficial), los proyectos opositores también tienen diferencias entre ellos. Por ejemplo, el del diputado socialista Roy Cortina (Capital) es el único que reclama que una misma empresa de medios no pueda recibir más de un 5% de toda la publicidad oficial que se distribuya. Además, prohíbe al Gobierno retirar abruptamente la pauta como represalia por difundir determinada información. "El otorgamiento y el retiro de la pauta oficial se utiliza como mecanismo de presión o como sistema de premios y castigos a los medios considerados afines o críticos al oficialismo", consideró Cortina.
"Buscamos eliminar discrecionalidad y recursos en manos del Poder Ejecutivo, que ha cometido aberraciones en la materia, sobre todo en años electorales", se sumó la diputada Margarita Stolbizer (Buenos Aires), jefa de la bancada del GEN, que, a través del diputado Jaime Linares (Buenos Aires), también presentó un proyecto propio.
Otras de las bancadas que lo hicieron fueron la Coalición Cívica, Proyecto Sur, la UCR y el Partido Liberal de Corrientes.
Se descuenta que el kirchnerismo no comulgará con ninguna de esas iniciativas, incluso el plenario sólo fue posible después de varios meses, forzando el cronograma de debates.
Según los planes opositores, agosto es clave para acordar un proyecto común, con el objetivo de llegar a fin de mes con dictamen firmado y votarlo cuanto antes en el recinto.
Fuente: Diario La Nación
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