viernes, 22 de octubre de 2010

Se limita el peso de un subsidio a las megas empresas celulares

El 21 de octubre de 2010, desde Convergencia y también desde Prensa Cooperativa, recibimos la noticia que el Lic. Lisandro Salas, Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, habría firmado la Resolución 144 del corriente, por la cual se equipara a las diversas operadoras de telefonía en cuanto al cobro del cargo denominado CPP (Calling Party Pays) a las empresas de celulares.
Decidimos revisar primero la publicación oficial (algo que hasta este momento no pudimos concretar), para poder ver con claridad el alcance de esta medida.
Suponemos que la publicación acontecerá en estos días y que medios prestigiosos como los mencionados, no habrán adelantado algo falso; por ello, nos concentraremos en dar nuestra opinión sobre el tema.
En primer lugar, que se aumente hasta un 35 % la proporción del costo de las llamadas a celulares efectuadas desde líneas fijas, sea cual fuere la operadora nos parece justo y correcto.
Además, de esta manera, se termina de unificar el espectro de cooperativas que brindan servicios de telefonía, ya fuera de las “históricas” que recibieron sus licencias después de la privatización de Entel, junto a las dos incumbentes, como de todas aquellas eléctricas que fueron ingresando a la actividad desde el año 2000 en adelante.
También se incluyen a otras operadoras como IPlan, Crossfone, Infracom, o Wilson, que desde el sector privado lucrativo operan líneas fijas y por tanto compiten con las dos telefónicas principales. Esto también es justo.
Sobre el tema, recordamos que hace unos tres años, cuando el sector “histórico” de cooperativas, con sus federaciones (FECOTEL y FECOSUR) logró modificar el acuerdo de CPP con Telecom, Telefónica y Telmex, quedaron fuera del mismo gran cantidad de cooperativas eléctricas que había ingresado con licencias del Decreto 764/2000 y que fueron excluidas por las telefónicas operadoras de celulares. El argumento no explicitado públicamente, era que las nuevas, eran competencia directa de las operadoras fijas vinculadas a éstas y por tanto no debían favorecerlas. La CNC, no fue capaz en ese momento de imponerse como organismo regulador y “equilibrador” (si lo hubieran querido hacer, como se ve ahora, hubieran podido). El mismo Lisandro Salas era el Interventor entonces y la misma Presidenta Cristina de Kirchner era la primera mandataria.
Sin embargo eso no ocurrió. Recordamos que en Cooperar hubo reuniones especiales para impulsar un acuerdo complementario, que participaron Consejeros y el Gerente de FECOTEL en las mismas y que no obstante todo quedó en veremos.
No nos parece que la falta de resolución sea imputable al sector federativo de las cooperativas; pero los hechos son claros y contundentes. Pasaron unos tres años y nada.
Ahora, a la luz de algunos sucesos que están impactando en el sector de la telecomunicaciones argentinas, como es la autorización del ingreso de Telefónica dentro de Telecom, el nuevo acuerdo entre los accionistas de ésta (recordamos que el Grupo Werthein es aliado explícito del Gobierno nacional), la unificación de las operaciones, con marca incluida Telmex, y en alguna medida, los anuncios sobre el despliegue de redes alternativas públicas para interconexión y transporte de datos, de repente se firma esta Resolución. Reiteramos que aún no hemos tenido la publicación oficial.
Pero una mirada cooperativa sobre este tema, según nuestro criterio, nos debe llevar a analizar algunas preguntas. Por ejemplo ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiados por la demora en dictarse la Resolución? ¿Cuál es la verdadera política de telecomunicaciones que se encierra en la demora en el dictado de la misma? ¿Es correcto que las empresas de celulares entreguen sólo el 35 % del costo de las llamadas desde los teléfonos fijos? ¿Hacia donde se direccionan desde en Estado nacional los subsidios que se encierran en las diferentes tarifas y precios aplicados? ¿Hay una política de incentivo a la competencia y desmotivación a la concentración en las telecomunicaciones? ¿Cuál es el monto que se transfirió en concepto de subsidios cruzados desde la telefonía fija a los celulares en los últimos tres años?
Son varias, no es cierto. Y las respuestas a veces no nos gustan, o por lo menos quizás deban producir una mirada más equidistante y menos aplaudidora desde el sector cooperativo.
Vayamos por partes dijo Jack. La primera pregunta, es obvio que tiene como beneficiarias a las empresas de celulares, quienes pagaron a las nuevas entrantes telefónicas menos del cincuenta por ciento que a las cooperativas históricas. Y eso se prolongó por tres años…
La segunda pregunta, quizás deba responderse mirando los fríos números del crecimiento de las líneas activas celulares en los últimos tres años y compararlos con los del crecimiento de las líneas fijas. Es claro que mientras los servicios básicos tienen tarifas reguladas (o precios libres en el caso de las entrantes, quienes compiten contra empresas con tarifas congeladas…) las líneas celulares poseen precios que a veces significan hasta cuarenta veces el valor del minuto de una línea fija. Esto es así cuando un minuto de celular prepago cuesta un peso contra los $ 0,025 de un minuto básico. Hoy existen más de cuatro celulares activos por cada línea fija en Argentina, es decir que existen por lo menos cuatro veces más probabilidades que desde un teléfono fijo se hable a un celular que viceversa. El CPP hoy más que nunca antes es una política injusta e ilógica de subsidio a la telefonía celular. La política de telecomunicaciones actual en general gira en torno a este subsidio hacia las empresas trasnacionales de telefonía celular y torna muy difícil el ingreso de nuevos operadores al mercado, los cuales son desmotivados por ese terrible traspaso de fondos al cual son obligados.
Por supuesto, coincidimos con las federaciones de cooperativas telefónicas en que el clearing entre operadoras fijas (incluidas las entrantes) y las empresas de celulares debería ser “cuanto menos” al 100 %. En realidad, un Estado Nacional que impulsara la competencia, el desarrollo y sustentabilidad de empresas alternativas y PyMES, debería establecer un clearing mucho mayor a favor de la telefonía fija (que es servicio público).
Por consiguiente, es claro que la mayor parte de la masa bruta de facturación de telecomunicaciones en Argentina se direccionan hacia empresas gigantes, trasnacionales, concentradas y protegidas, que manejan en conjunto una cifra muy cercana al cien por ciento del tráfico.
Se desmotiva la competencia.
Se direccionan los subsidios hacia ese grupo de tres o cuatro grandes socios comerciales del Estado (aunque sólo sea por la recaudación impositiva que generan y garantizan)
Con respecto a cuánto asciende en subsidio transferido a ese grupo de empresas en los últimos tres años, por parte de los sufridos usuarios de las telefónicas entrantes (muchos de ellos son asociados cooperativos) la verdad es que no disponemos de informaciones confiables y actualizadas de estos datos mínimos: ¿cuántas líneas son operadas por las cooperativas y empresas entrantes? ¿Cuánto es el consumo total de tráfico desde esas líneas hacia líneas celulares en los últimos tres años?
Pero podemos hacer algún ejercicio que nos aproxime. Si consideramos los 1.095 días desde el aumento del CPP para las cooperativas “históricas” y suponemos que desde cada línea hay un promedio de una llamada diaria de dos minutos a un celular, tenemos que en ese período se podrían haber realizado 2.190 minutos de llamadas desde cada línea, a $ 0,07 por minuto que es la diferencia de CPP entre las “históricas” y las nuevas entrantes , el monto por cada línea instalada en una cooperativa eléctrica es de $ 153,30. O su equivalente en dólares promedio de U$S 40.
Ese sería, a grandes rasgos, el monto que cada hogar abonado a la nueva telefonía cooperativa, ha entregado como subsidio a las empresas de celulares. Para saber el monto total sería necesario el dato de cuántas líneas nuevas han incorporado las cooperativas eléctricas.
Pero la cifra, representa un tercio (puede ser quizás hasta más) de la inversión bruta en redes que por hogar pasado debió realizar la cooperativa eléctrica (unos U$S 120). Esto significa que ese usuario cooperativo, en vez de apoyar con su consumo la inversión bruta colectiva que beneficia a toda la comunidad, incluso a aquellos que no se conectan a las nuevas redes, ha venido subsidiando a cuatro empresas trasnacionales.
Los números pueden cambiar un poco para arriba o para abajo, pedimos disculpas por cualquier error; pero la realidad de la brutalidad del subsidio obligatorio y retrógrado no cambia.
Lamentablemente.


Rodolfo Santecchia

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