Grave denuncia contra el INAES en un diario cordobés

El domingo 18 de julio pasado, el diario cordobés LA VOZ del Interior, que es uno de los cinco primeros medios gráficos en tirada de todo el país publicó una nota, producida por Sergio Carreras, que a todos los cooperativistas y mutualistas nos debe preocupar y mucho, sobre todo, porque los miles de honestos y esforzados dirigentes y los millones de asociados que el Movimiento tiene, no se merecen aparecer en los diarios en uno de los casos de corrupción que comienzan a aparecer a la luz y que ya se están multiplicando peligrosamente estableciendo una matriz que nos abochorna.
Como es nuestro criterio, publicamos íntegras aquellas notas que incidan sobre el cooperativismo. Quienes deseen pueden consultar también la página web de La Voz, donde hay otros links relacionados.

Rodolfo Santecchia


Un instituto fantasma

El organismo encargado de controlar a mutuales está lejos de poder vigilar a entidades que en realidad operan como bancos clandestinos.

• 18.07.2010 , por Sergio Carreras

¿Cuál es el punto en común que tienen la cuñada de la presidenta de la Nación y ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, con la estafa por 80 millones de pesos que sufrieron los ahorristas cordobeses de la mutual Cayfa, de la localidad de Alicia?

¿En qué se relaciona el serio riesgo que corre la Argentina de ser incluida en la "lista gris" de los paraísos mundiales del lavado de dinero, con la investigación por la mafia de los medicamentos que aportó cheques de falsos aportantes a la campaña presidencial de Cristina Fernández?

¿Qué tienen que ver los cientos de millones de dólares que evaden los productores sojeros, con la red de punteros políticos que el Estado nacional alimenta en pueblos y ciudades de todo el país?

La respuesta está en Capital Federal, a solamente cinco cuadras del Congreso de la Nación. Allí, al 1656 de la avenida Belgrano, funciona -o debería funcionar- un organismo que jamás aparece mencionado en la prensa masiva y cuya existencia es desconocida por buena parte de los argentinos. Es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), encargado de desarrollar y controlar a los miles de cooperativas y mutuales que existen a lo largo del país. Depende del ministerio de Alicia Kirchner y su presidente es Patricio Griffin, un abogado laboralista con 25 de años de residencia en España, amigo personal de Alicia, quien lo convenció de regresar al país.
Pantallas. El discurso del cooperatismo es uno de los que más apoyo político y social suscita. La idea de un grupo de personas comunes que unen sus aspiraciones y terminan contribuyendo al bienestar general genera simpatías inmediatas y es incuestionable. Pero ¿qué viene sucediendo en la Argentina para que la red de cooperativas y mutuales haya terminado siendo también la guarida perfecta para estafadores, evasores, lavadores de dinero en negro, narcotraficantes y políticos clientelistas?
Una de las más grandes estafas y la más grande evasión al fisco ocurridas recientemente en el país tuvieron como protagonistas a dos mutuales cordobesas.
En un caso, la mutual Defensores de Boca Juniors, de la localidad de Camilo Aldao y con gran presencia en las ricas ciudades de Río Cuarto y Marcos Juárez, sirvió de pantalla para ocultar parte de la mayor evasión sojera investigada hasta ahora por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Para dar una idea de los montos: solamente a una de las empresarias imputadas por la evasión, el juez federal de Villa María le impuso la fianza más alta de la historia: 50 millones de pesos.
En el otro caso, la mutual Cayfa, también con gran presencia en la zona sojera, entró en default y dejó colgados a miles de ahorristas por 80 millones de pesos.
En ambos procesos, las mutuales funcionaron como mesas de dinero. La sospecha es que blanqueaban los fondos negros provenientes, en su mayor parte, de la producción sojera.
Se estima que en Argentina las mutuales y cooperativas mueven casi tanto dinero como los bancos. Por eso resulta increíble que nunca fueran controladas ni por el Banco Central de la República Argentina, ni por Afip, ni mucho menos por la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por Argentina para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
¿Quién controla a quién? ¿Quién debió controlar todos estos años a esa red armada por estafadores y evasores que se aprovecharon de los sellos de mutuales, clubes y cooperativas, que hoy están descubriendo los jueces de numerosas provincias? El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Inaes.
Esto es un buen chiste, con trágicas consecuencias económicas para el Estado, ya que esta cartera no cuenta con los recursos para hacerlo ni tiene semejante tarea entre sus objetivos fundamentales, enfocados a la eficacia de las políticas sociales.
De esa manera, el Estado cobija un área que mueve miles de millones de dólares a la que no le aplica sus mecanismos de control principales pese a la fuerte puja redistributiva que mantiene con el sector agropecuario, uno de los más vinculados a estas entidades.
Un argumento que los funcionarios del Inaes repiten de memoria desde hace años es que el organismo "no tiene poder de policía" para controlar a las mutuales y cooperativas.
Entonces, ¿qué hace y qué ha hecho el Inaes con las toneladas de documentación que las entidades de todo el país están obligadas por ley a enviarle cada año, dando cuenta de los números de su funcionamiento? Diversos especialistas consultados por este diario coinciden en la respuesta: nada.
El último fallo. El pasado 8 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba decidió en fallo unánime que se investigue a los directivos del Inaes por considerarlos responsables de haber permitido, con su falta de controles, la estafa cometida por la mutual Cayfa.
La resolución de 23 páginas es un detallado análisis técnico-legal que desnuda el incumplimiento por parte del Inaes, reafirma que la ley sí le otorga al organismo poder de policía y hace hincapié en la inacción de la Gerencia de Inspección del instituto, a cargo del contador Juan Daniel Cancelli.
La investigación, de seguir este curso, podría abrir la puerta a numerosas causas penales contra los funcionarios del Inaes que se mantuvieron indemnes pese a que no controlaron los números falaces o irregulares de muchas mutuales y cooperativas que acabaron estafando a miles de personas en numerosas provincias.
Otra denuncia que apunta contra las cabezas del Inaes y del Ministerio de Desarrollo Social, además del titular de Afip, Ricardo Echegaray, fue presentada en Buenos Aires el pasado 17 de junio por el abogado porteño Alejandro Sánchez Karbermatten.
Este abogado es el defensor del cordobés Gabriel Brito, acusado en la famosa causa de la mafia de los medicamentos que investiga el juez Norberto Oyarbide. Brito es dueño de la empresa de auditorías médicas Global Pharmacy y apareció en el listado oficial de aportantes a la campaña de la presidenta Cristina Fernández, pese a que sostiene que jamás puso un peso y que usaron cheques suyos, sin su autorización, para justificar gastos de campaña.
"Este caso de la mafia de los medicamentos, como el triple crimen de General Rodríguez, tiene mucha vinculación con el descontrol de las cooperativas y mutuales", dijo Karbermatten a La Voz del Interior.
"Muchas están involucradas en lavado de dinero, realizan actividades que no están permitidas por sus estatutos y son usadas por la política para lavar dinero sucio, por eso es que a Alicia Kirchner no le interesa controlarlas, ni las controla el Inaes", agregó.
Contrarreloj. Desde el Inaes mantienen un silencio por lo menos llamativo. Ninguno de sus directivos habló con este diario sobre el tema pese a las reiteradas solicitudes. "El directorio ya conoce del pedido de entrevista, pero ninguno va a hablar", fue la respuesta, y derivaron cualquier consulta… al interventor de la mutual Cayfa en la ciudad de Alicia. Tampoco fue posible encontrar un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que quisiera referirse a las denuncias.
Lo que parecía un tema secundario, que "apenas" preocupaba a unos miles de estafados y algunos pocos jueces federales e inspectores impositivos, amenaza con transformarse en un problema gordo para el país.
La falta de controles sobre cooperativas y mutuales se contradice con los compromisos internacionales asumidos por Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organismo con sede en París encargado de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas.
La situación ya trascendió fronteras afuera y en estos momentos el Gafi considera seriamente dejar a Argentina fuera del grupo de naciones que respetan sus 49 recomendaciones sobre manejo transparente de fondos. Si esto pasara en la próxima reunión del organismo prevista para octubre, Argentina sería el único miembro del G-20 en ser degradado a la "lista gris" de países que no combaten el lavado de activos, junto con Bolivia, Paraguay y diversos principados europeos e islas caribeñas.
En lo concreto, la medida del Gafi complicaría más la situación financiera argentina. Dificultaría la operatoria de los bancos, que quedarían invalidados como contraparte en las operaciones internacionales, y haría más caro el crédito. Por eso es que esta semana el Gobierno lanzó una ofensiva para tratar de evitar la decisión del Gafi.
El titular de la UIF, José Sbatella, dio una entrevista a la agencia internacional Reuters para contar que Argentina está investigando a ocho bancos por operaciones sospechosas y prometió una serie de medidas a instrumentar en tiempo récord, antes de octubre. Entre esos cambios anunciados está el envío al Congreso de la Nación de un proyecto para modificar el Código Penal y la ley 25.246 de creación de la UIF.
¿Cuál es una de las principales innovaciones de la iniciativa? Incorporar a todas las cooperativas y mutuales como nuevos sujetos obligados a reportar sus operaciones financieras ante la unidad nacional que vigila el lavado de dinero. El control que el Inaes, según la ley, debió haber hecho hace mucho tiempo.

Publicado en La Voz del Interior
Contenido y Foto: La Voz del Interior.