viernes, 18 de diciembre de 2009

Decíamos ayer...

Cuando conocimos el fallo del Juez Edmundo Carbone que hace lugar a un amparo del Grupo Clarín y resuelve suspender la aplicación de los artículos 41 y 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en vez de interpretarlo como una noticia, algo que hicieron la mayor parte de los medios de comunicación, lo analizamos desde una mirada cooperativa y comenzamos a estudiar los posibles alcances de esa sentencia para el Movimiento.
En realidad, lo evaluamos con la plantilla FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Asechanzas), aunque muy primariamente todavía.
Luego, el contexto deberá incluir la situación real en que estamos como sector social y económico hoy en día, para enfrentar el desafío de avanzar con resolución en el campo de la comunicación. Eso es un largo y arduo trabajo, que se deshojará en los próximos meses, con seguridad, tanto desde quienes gestionan las Organizaciones Cooperativas, como desde quienes intentamos aportar pensamiento con aspiraciones de convertirse en conocimiento.
Pero hoy leemos una nota en Clarín, del periodista Alejandro Alfie donde una de las posibilidades que veíamos ayer –la modificación de la ley por el nuevo Congreso- aparece ya explicitada y con plazos de estudio fijados incluso.
Con humildad creemos que el resultado de la modificación de la vieja Ley 22285 y su cambio por los conceptos más modernos en algunos aspectos y que garantizan mayor participación a otros actores sociales, es una situación sin retorno. Es un avance de todos y plasma luchas de mucho tiempo de diversas organizaciones tanto cooperativas como CARCO, como de otros sectores.
Sin embargo, como siempre suele pasar, en un proyecto que avanza por buen camino, se suelen mezclar otras situaciones políticas particulares, como es esta cruzada del Gobierno contra el Grupo Clarín. Allí con seguridad habrá chisporroteos (ya los estamos viendo y este fallo es un ejemplo). Lo importante es que ese fuego no nos alcance y al contrario podamos recuperar de una buena vez el tiempo perdido que nos impuso la vieja ley de los tiranos.
Por eso es importante analizar los pasos que se están dando desde los partidos de la oposición, que hoy tienen mayoría en la Cámara de Diputados y que fueron muy críticos con los mecanismos que se usaron desde el Oficialismo para sancionar la nueva Ley.
Dice la Diputada Patricia Bullrich de la Coalición Cívica: “"Estamos buscando consensos para cambiar dos artículos de la ley de medios, que son sobre la autoridad de aplicación y la desinversión" y continúa “El objetivo es que la autoridad de aplicación sea autónoma del Gobierno", y finalmente agregó que la adaptación de los medios a la nueva ley, tal como está planteada, fue declarada inconstitucional por la Justicia, así que "es un elemento más para modificarlo".


Luego, la Diputada Silvana Giudice de la UCR, quien preside la Comisión de Libertad de Expresión, afirma: "También la revisión bianual de licencias y la creación de registros que atentan contra la libertad de prensa", a la par que ratifica las reuniones que los diversos bloques opositores están sosteniendo, con la mirada puesta incluso en atraer a esas opiniones reformistas a Diputados que acompañaron en general el proyecto oficialista, pero que tienen desacuerdos parciales y quieren modificar algunos aspectos de la ley, como legisladores del Partido Socialista y otros grupos de centroizquierda.
Esa amplitud de miembros de la Cámara Baja, ya hace pensar en un número de voluntades más cercana a las que el 3 de diciembre pasado establecieron un nuevo control de ese ámbito parlamentario.
El plan que tiene la oposición es consensuar un proyecto único, para presentarlo en febrero en las comisiones y en marzo en el plenario, cuando empiece a sesionar el Congreso de la Nación.
Nuestra preocupación desde hace un tiempo y que solicitábamos que se incorporen en la agenda cooperativa en la nota Comenzó la judicialización de la Ley de Servicios Audiovisual. ¿Dónde terminará? Es que precisamente cuando las “cajas de pandora” se abren, nadie sabe cómo se cierran. ¿Se modificarán sólo dos artículos, con los cuales el cooperativismo no tiene ningún problema que sean cambiados, o los fuertes lobys que deben estar incidiendo sobre los diputados mayoritarios intentarán avanzar sobre el artículo principal para nuestro desarrollo como es el que habilita a las cooperativas de servicios públicos a ser licenciatarias?
Febrero está muy cerca y quizás nosotros, como sector, estemos un poco lejos de ese nuevo desafío.

Rodolfo Santecchia

Nota citada en la columna:
Bullrich: "Es un motivo más para modificar la normativa"

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