Gustavo López dijo que la suspensión de la Ley de Medios "es grave desde el punto de vista institucional"

Ley de medios de comunicación audiovisual
El subsecretario general de la Presidencia explicó que la jueza mendocina que decidió que no se cumpla la norma, "se puso en el lugar de súper Congreso". Además, dijo que "es una jueza que habitualmente saca fallos favorables a los grupos concentrados".
El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, dijo hoy que la suspensión de la ley de medios, dispuesta por una jueza federal de Mendoza, es “grave desde el punto de vista institucional, porque tomó el lugar de ‘súper Congreso’, entendiendo que hubo una falla en el procedimiento legislativo”, en la votación de esa norma.

“Hay que aclarar que la jueza (Olga) Pura de Arrabal, de la justicia federal mendocina, es la misma que en el 2008 prohibió que se vieran las imágenes de Canal 7, en la ciudad de Mendoza”, dijo el subsecretario a Canal 7 y precisó: “Es una jueza que habitualmente saca fallos favorables a los grupos concentrados mendocinos, no sólo en materia de medios. Por ejemplo, el grupo Vila que le había tomado la tierras a la Universidad de Cuyo. Ella dictó una medida de no innovar, que impidió por un tiempo a la Universidad hacerse de sus tierras”.

En tanto, López explicó: “Es grave lo que hizo la jueza, desde el punto de vista institucional. Ella se puso en el lugar de ‘súper Congreso’, ya que suspendió una ley porque entiende que puede haber una falla en el procedimiento legislativo de la sanción. No existe un mecanismo de control parlamentario por fuera del Congreso, si es que no se viola ninguna ley. La jueza argumenta que no se cumplieron los plazos en el Congreso”.

El subsecretario dijo que la decisión “es muy vulnerable” y que “es muy posible que la Cámara Federal, en los plazos procesales que serán de 30 días, revoque esta sentencia que impide cualquier aplicación de esta ley”.

Además, López opinó acerca de la compra de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), en la Argentina, por parte del empresario Raúl Moneta: “La compra es ilegal, porque la nueva ley establece que un mismo grupo tan sólo puede tener en una misma ciudad una radio de am y dos de FM. El grupo CIE ya había sido intimado para vender. Nadie invierte 30 millones en contra de la ley, así que me parece que más que nada es un desafío”.

Por último, el funcionario explicó por qué se está realizando un censo de medios de comunicación: “Se está haciendo un reempadronamiento de medios porque nunca se supo de quien es cada uno de ellos. Los propios medios viven en la clandestinidad. Hay un censo que se está realizando desde el 15 de enero al 15 de marzo. Todo aquel que tiene una radio, un canal de televisión, una señal o una licencia tiene que declararla. El que no tenga ese censo no va a poder participar del proceso de normalización”.

Fuente: Sala de Prensa Presidencia de la Nación

Observaciones de MIRADA COOPERATIVA:

Es incomprensible que desde la misma Sala de Prensa, que es donde se define la agenda periodística del gobierno, se denomine en el título de la nota "Ley de Medios de Comunicación Audiovisual" a la que en realidad lleva el título "Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual". No es una cuestión semántica simplemente, se empieza a respetar una ley cuando se acepta su verdadero nombre.
No coincidimos en que se deba cuestionar a la jueza por la acusación difusa que "saca fallos favorables a los medios concentrados". El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado y "habla" por sus sentencias, que entre otras cosas busca interpretar las leyes cuando los particulares se lo requieren. ¿Si no nos inclinamos ante los jueces, ante quién nos debemos inclinar en un Estado de Derecho? Además, existe un Consejo de la Magistratura, donde se pueden llevar los pedidos de juicio político contra los jueces que actúan incorrectamente (no contra sus sentencias, claro está)
Si existe un sistema de control parlamentario por fuera del Congreso y también del Poder Ejecutivo y es el que hace precisamente el Poder Judicial cuando interpreta si las normas y los actos administrativos de ambos poderes han violado la Constitución Nacional. Gracias a Dios existe ese principio en nuestro país. El Dr. Lopez que es abogado esto lo sabe bien.
Si el Poder Ejecutivo considera que el fallo de la Jueza Federal Olga Pura de Arrabal es incorrecto, la medida justa es la apelación a la Cámara. Algo que se ha hecho el miércoles pasado y que nos parece adecuado y oportuno. es más, ojalá ese tema llegue hasta la Corte Suprema de Justicia, para que no le queden dudas a nadie (ni oficialistas ni oposición) sobre la vigencia o no de la ley en cuestión. Lo inadecuado es hablar mal de la jueza juzgándola por sus sentencias.
En última instancia, este proceso de judicialización, se podría haber evitado o minimizado si una ley tan importante como es esta se hubiera tratado con respeto a quienes siendo legisladores o fuerzas políticas democráticas, pensaban distinto sobre algunas cosas que estuvieron en debate.
Quien inició esta acción en Mendoza, recordamos que es un Diputado Nacional, electo por el Pueblo.

Rodolfo Santecchia