La nación paga sólo el 7% del salario docente (Informe Nº 325 de IDESA)

21 de Febrero de 2010 – Número 325
Argentina acumula muchos fracasos, pero ninguno de la magnitud y trascendencia que tiene el fracaso educativo. El problema de fondo es que se ha internalizado que la prioridad, exclusiva y excluyente, es aumentar el gasto en educación, cuando lo importante para el desarrollo social no es la cantidad de recursos que se asignen, sino la cantidad y calidad de los servicios educativos que se logren con esos recursos. Un ejemplo paradigmático de esta incorrecta asignación de prioridades es el esquema de determinación de salarios en el que la Nación fija aumentos para los docentes que deben ser pagados, casi en su totalidad, por las provincias. Según la CEPAL, el 18% de los jóvenes argentinos en edad de concurrir a la secundaria ha abandonado y un 14% adicional es candidato a hacerlo dado que está muy retrasado. La evaluación PISA de la OECD señala que en términos de calidad educativa, la Argentina se ubica, dentro de Latinoamérica, en quinto lugar detrás de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, y que el 58% de los jóvenes de 15 años no tiene capacidades básicas de lectura. La evaluación del Ministerio de Educación nacional, la ONE 2007, sostiene que sólo el 20% de los jóvenes que terminan la secundaria demuestran tener un nivel de desempeño alto, en una prueba cuya exigencia es relativamente modesta. La acumulación de evidencias, más allá de las precauciones y matices que merece cada indicador, permite concluir que el fracaso del sistema educativo argentino es claro y contundente. Aunque son muchas las causas del fracaso, una de fundamental importancia es que está profundamente internalizado que la meta principal en el sector de la educación es aumentar el gasto. El esquema de determinación de los salarios docentes resulta particularmente ilustrativo de las consecuencias de guiarse por este objetivo. Datos del Ministerio de Educación nacional para un maestro con 10 años de antigüedad permiten observar que:
 En promedio para todo el país el salario es de aproximadamente $2.400 de los cuales el 93% lo pagan las provincias y sólo el 7% lo paga la Nación.
 En un extremo, en Formosa la remuneración del maestro es de $1.769 donde el 91% es pagado por la provincia y el 9% lo abona la Nación
 En el otro extremo, en Santa Cruz el salario docente llega a $4.235 donde el 96% es pagado por la provincia y sólo el 4% restante lo abona la Nación.
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Los datos señalan que, si bien desde hace algunos años la Nación complementa el
financiamiento del salario docente, en ningún caso –incluso en las regiones más atrasadas–
llega a cubrir más del 10% de los costos. Esto desnuda las inconsistencias de un esquema
de negociación salarial a través del cual el Estado nacional fija aumentos docentes, pero que
mayoritariamente deben ser afrontados por las provincias con recursos propios. El aporte
nacional más que una “ayuda”, constituye un rudimentario paliativo.
Esta forma de negociar los salarios es consistente con la idea, profundamente arraigada
entre gran parte del sistema político e incluso de muchos de los expertos y organizaciones
dedicadas al análisis de las políticas educativas, de que la meta principal y excluyente del
sistema educativo es maximizar el gasto, independientemente de los resultados que
se alcancen con ellos. En el marco de este consenso se han ido gestando varias normas
que fijan compromisos de aumentos de gasto, como la Ley de Financiamiento Educativo.
Pero no hubo una similar dedicación por establecer mecanismos para que este mayor
esfuerzo financiero reditúe en mejoras de los servicios de educación.
Formalmente, las provincias son las responsables directas de la gestión de la educación.

Pero la concentración de recursos a favor de la Nación indujo a despilfarros tales como, por
ejemplo, asignar $2.300 millones para cubrir el déficit de Aerolíneas Argentinas en el año
2009. Con esos recursos se podría incrementar en más de un 20% el presupuesto
educativo de las provincias del NOA y el NEA. En este contexto distorsionado, donde 2
de cada 3 pesos recaudados son apropiados por la Nación, cuando la educación es poco
relevante dentro del presupuesto nacional (6% del total del gasto) pero decisiva dentro del
gasto público provincial (aproximadamente 25% en promedio), se diluyen las
responsabilidades provinciales por la mala calidad de los servicios.
Es fundamental sustituir el paradigma de priorizar “aumentar el gasto” por el de
“aumentar la cantidad y calidad de los servicios educativos”. Cuanto este cambio se
internalice será clara la necesidad de desactivar la apropiación de fondos por parte de la
Nación para evitar el despilfarro y que las provincias cuenten con los recursos necesarios. El
otro gran paso es que la Nación deje de interferir en la negociación de salarios docentes y se
concentre en monitorear los resultados educativos de cada provincia a los fines de generar
consensos y presión social a favor de tener más y mejores servicios de educación.
Porcentaje del salario docente que paga la Nación
(Maestro de grado 10 años de antigüedad – Julio/Setiembre año 2009)