El Estado administra 4 de cada 10 pesos del ingreso nacional

Documentos Nacionales 

Número 333

18/04/2010-

Normalizar las relaciones con la comunidad financiera internacional podría constituir un primer paso para sostener un proceso de desarrollo sostenido. Para ello debería ser acompañado de reformas estructurales en materia impositiva, coparticipación y reglas bajo las que se organizan servicios públicos estratégicos como educación, infraestructura, justicia, salud, y seguridad. Sin embargo, en el marco del desordenado crecimiento del gasto público observado en los últimos años, la posibilidad de contraer nueva deuda aparece como un “manotazo de ahogado” frente al agotamiento de otras fuentes de financiamiento.

Luego de más de 8 años de haber declarado la moratoria unilateral de su deuda soberana, (default), la Argentina ha decidido emprender acciones tendientes a la normalización de sus relaciones con la comunidad financiera internacional. Con el anunciado segundo canje de títulos de deuda en default se ofrece a quienes rechazaron el primero –que se realizó en el año 2005– la posibilidad de cambiar los títulos defaulteados por títulos nuevos cuyo pago de capital e intereses el país se compromete a cumplir en el futuro. Si se logra una amplia aceptación de la propuesta, se mejoraría la percepción del país dentro de la comunidad internacional. Esto favorecerá la inversión privada y generará las condiciones para que se puedan colocar nuevos títulos de deuda pública en el mercado financiero internacional.

Cuáles son las implicancias de que el Estado cuente con esta nueva fuente de financiamiento? Para responder a este interrogante, una base de referencia importante es la tendencia del gasto público de los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios). Proyectando información oficial publicada por el Ministerio de Economía hasta el año 2007 se puede observar el siguiente cuadro de situación:

• Durante la década de los ´80 el gasto público total absorbía el 30,1% del PBI y en los ´90 aumenta al 31,5% del PBI.

• En el año 2001, antes del default, el gasto público llega a representar el 35,7% del PBI

• Luego de una abrupta caída asociada a la megadevaluación y pesificación compulsiva, se inicia un vigoroso crecimiento hasta alcanzar un nivel récord histórico, estimándose que en el año 2009 supera el 40% del PBI.

Los datos señalan que nunca el sector público absorbió tantos recursos como en la actualidad. Sin embargo, esto no se refleja en mejores servicios. Por el contrario, se acumulan las evidencias sobre las deficiencias en el suministro de servicios de alto impacto en la calidad de vida de la gente, como educación, salud, seguridad y justicia. Tampoco son perceptibles mejoras significativas en materia de infraestructura social y económica. Mucho menos en reducción de la pobreza y la indigencia.

En paralelo, se ha apelado a un vasto conjunto de medidas muy regresivas y antiproductivas para financiar el crecimiento del gasto público. Testimonios ilustrativos son el restablecimiento de las retenciones a las exportaciones, la cristalización del impuesto al cheque, el aumento de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos, la aplicación profusa del impuesto inflacionario, la distorsión de las estadísticas oficiales para pagar menos intereses de deuda pública, la estatización de los ahorros previsionales del régimen privado de capitalización y la apropiación de parte de las reservas del Banco Central.

En la experiencia internacional se encuentran situaciones muy heterogéneas en cuanto a magnitud del gasto público. Por ejemplo, los países más desarrollados e igualitarios del mundo, como los nórdicos, superan con creces el nivel del 40% del PBI que muestra la Argentina. Lo crucial no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. En los países exitosos, los sistemas públicos de educación, salud, justicia, seguridad e infraestructura funcionan con altos estándares de calidad y eficiencia. La gente paga altos niveles de impuestos y recibe servicios estatales de alta calidad. En la Argentina, la presión impositiva alcanzó niveles inéditamente altos, pero la mayor parte de este esfuerzo se canaliza a iniciativas no prioritarias o directamente se dilapida en burocracia, corrupción y clientelismo.

Agotadas todas las fuentes de financiamiento, la posibilidad de contraer nuevo endeudamiento es una manera de prolongar una agonía que fatalmente terminará con otra crisis. Una evidencia concreta es que una de las pocas medidas de aplicación inmediata que emergió de la ronda de reuniones del gobierno nacional con los gobernadores es la autorización para que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires contraigan nuevos empréstitos. Es decir, mientras se sigue dilatando la resolución del problema de fondo (la coparticipación) se apelará a diferir sus consecuencias para el futuro aumentando la deuda.