La última jornada del encuentro N-Play organizado por el Grupo Convergencia comenzó con el debate sobre los posibles escenarios, la judicialización y la política que disparó la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Por el oficialismo, Luis Lázaro, coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, recordó que los mismos sectores que protagonizaron el proceso de concentración de los medios en la década de los años 90 encabezaron la resistencia a la sanción de una norma democrática votada por 147 diputados y 44 senadores a favor, contra tres y 22 en contra, en cada cámara, respectivamente. Además, consideró una asignatura pendiente la discusión de una legislación que desconcentre las telecomunicaciones en la misma línea esbozada por el proyecto del Gobierno en el capítulo que debió quitarse de la LSCA para lograr consenso en su aprobación.
Por la oposición participó el abogado y ex secretario de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, Henoch Aguiar, que lamentó que la discusión hubiera derivado en una pelea entre Montescos y Capuletos, por lo que no pudieron introducirse a la norma las mejoras que consideró necesarias y que, estimó, hubieran evitado la judicialización de su puesta en marcha.
Adalberto Bóccoli, secretario de la Federación de Cooperativas Telefónicas, exaltó que la LSCA es una importante reforma política, porque los medios concentrados intentan sustituir y controlar a la política. Recordó que las iniciativas sobre radiodifusión que había llegado a acordar Raúl Alfonsín cuando llegó a la presidencia eran todavía más avanzadas que las aprobadas el año pasado y que muchos radicales se rasgan las vestiduras con la nueva ley, traicionando la historia de ese partido.
Cruz Ceballos, directora de un estudio jurídico especializado en la defensa de medios pymes y cooperativas, apoyó la LSCA y desmintió que los emprendimientos más pequeños no puedan competir en TV digital con el Estado y los privados, por falta de recursos, como había planteado Aguiar unos minutos antes. Sostuvo que la creatividad y la innovación que demuestran no se consigue con dinero y que en cambio es fácil obtener fondos de organismos que subsidian los emprendimientos cuando quienes los enuncian son talentosos.
Desde el público, Raúl Malisani, un representante de los cableros pymes se quejó de que la LSCA los obliga a competir contra empresas de servicios públicos como las cooperativas, con mayor poder económico.
Respondió Luis Lázaro, dejando en claro que los que depredaron a los cable pyme fueron los grandes MSO que compraron a cientos de ellos para concentrar el mercado. Recomendó que la disputa no se traslade a una batalla entre excluidos. Y aclaró que la LSCA prevé mecanismos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que en cada caso particular establezca formas de operación si no hay acuerdo entre las partes y existen condiciones de abuso de posición dominante.
Ceballos complementó con una invitación a las pymes del cable para que concurran a la Universidad de Buenos Aires, ya que en la Facultad de Derecho ella misma encabeza un grupo de investigación capacitado para enseñar a estas empresas a conseguir fondos para sus iniciativas.
Bóccoli remató afirmando la necesidad de que la LSCA considere al sector audiovisual un servicio público, para que el Estado pueda intervenir en el mercado. Mencionó que la disputa de fondo entre las cooperativas y los grandes cables es que mientras las primeras subsisten sin aumentar la telefonía desde hace años, el CATV aumentó de $20 a $130 sus servicios, algo que, por ejemplo, la cooperativa telefónica de Clorinda ofrece a sus socios a $30.
Fuente: Convergencia
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