LA NACION
El camarista federal de Mendoza Otilio Roque Romano, uno de los tres integrantes del tribunal de apelaciones que ayer confirmó la suspensión total de la ley de medios audiovisuales sancionada a instancias del Gobierno, denunció que fue "presionado por los organismos de derechos humanos" y que el viernes pasado un grupo de personas extrañas "hizo una operación comando" en su domicilio y le robó documentos y la computadora.
La ley de medios, alentada por el Poder Ejecutivo, fue sancionada en octubre por el Congreso Nacional. Desde entonces, cuatro jueces federales dictaron medidas cautelares y suspendieron la vigencia de toda la norma o de algunos de sus artículos, según los casos. Uno de esos magistrados fue la jueza federal con asiento en Mendoza Olga Pura de Arrabal, cuyo fallo del 21 de diciembre acaba de ser confirmado por la Cámara Federal integrada por los doctores Romano, Alfredo López Cuitiño y Jorge Demetrio Petra.
Romano, que también denunció las presiones en una carta dirigida al presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, relató ayer a La Nacion: "Las presiones de los organismos de derechos humanos comenzaron el 28 de diciembre, cuando recibí la causa de la ley de medios; yo las atribuyo a presiones para que votara en favor de la norma. Además, extraños ingresaron en mi casa y en un operativo comando, en apenas siete minutos, supieron desactivar la alarma y me robaron sólo la computadora y documentos, cuando podrían haberse llevado cosas de mucho valor".
En medio de esta denuncia, el titular de la Autoridad de Aplicación, Gabriel Mariotto, anunció que el Gobierno apelará el fallo ante la Corte Suprema y dijo que "ciertos sectores quieren que vuelva la ley de radiodifusión manchada con sangre decretada por Videla".
Las presiones
El fallo de ayer de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que confirmó la suspensión de la aplicación de ley de medios audiovisuales, había generado muchas expectativas.
Los motivos eran muchos. En diciembre último, la jueza Pura de Arrabal había suspendido toda la ley. Otros jueces de Salta y de Capital Federal habían dictado medidas semejantes. Pero ninguna había sido todavía confirmada por una cámara de apelaciones hasta ayer.
El fallo dictado por la Cámara Federal de Mendoza es un duro revés para la estrategia del Gobierno contra los medios y, ahora, el tema queda más cerca de tener que ser debatido por la Corte Suprema.
Presiones y amenazas
"El 28 de diciembre recibimos el expediente y ese mismo día organismos de derechos humanos hicieron una manifestación frente al tribunal. Además, me denunciaron ante el Consejo de la Magistratura porque supuestamente, cuando fui fiscal federal durante el gobierno democrático de 1974 y 1975, antes del golpe, no detuve violaciones de los derechos humanos. Mis colegas ya habían sido denunciados con anterioridad", afirmó Romano a LA NACION."Yo atribuyo esas denuncias, a las que se sumó el gobierno de Mendoza, a un intento de presionarme claramente por la ley de medios. Y, además, no sé si el robo es un hecho común o un operativo, pero me llama la atención que un grupo de extraños haya obrado con tanta precisión en siete minutos", agregó el camarista. El fallo contra la ley de medios fue dictado por unanimidad.
La resolución de la Cámara de Apelaciones, igual que la que había dictado anteriormente la jueza Pura de Arrabal, no cuestiona los artículos más controvertidos de la ley, como por ejemplo el plazo de desinversión de un año para que los grupos de medios vendan los canales y radios, sino que suspende la totalidad de la norma porque se cometieron vicios en su origen, en el momento de su sanción.
El tribunal señala que el diputado Enrique Thomas estuvo legitimado para demandar porque él, como otros diputados, no pudo actuar en el Congreso en defensa de los representados que lo votaron. "Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", plantea la sentencia.
El tribunal concedió la medida cautelar tras haber evaluado las muchas irregularidades del "trámite parlamentario llevado a cabo en Diputados, su tránsito por las comisiones permanentes de la Cámara, el 15 de septiembre y el desarrollo de la sesión plenaria del día siguiente, así como la violación de normas sustanciales del Reglamento de la Cámara de Diputados", por lo cual surgen "vicios de ilegitimidad y gravedad institucional".
La sentencia, sobre la base de las transcripciones taquigráficas de la sesión, enumera todos los diputados de distintas bancadas que, durante el momento en que se desarrollaban los hechos, pusieron de manifiesto que el proyecto oficial había sufrido modificaciones que ellos nunca vieron plasmadas en el texto que tenían a estudio en el plenario de comisiones y en el recinto.
Además, el plenario, a las 10 de la noche, sesionaba sin quórum y, por la mañana, los diputados -que presentaron 20 cuestiones de privilegio que el oficialismo no trató- tuvieron que expedirse en el recinto sin haber tenido tiempo para estudiar el proyecto, de más de 160 artículos, así como sin que hubieran transcurrido los siete días hábiles reglamentarios que establece el artículo 113 del Reglamento. "Los diputados de la minoría desconocían el despacho de mayoría", afirma el fallo.
Claves del fallo
• La ley: fue sancionada por el Congreso en octubre último, sobre la base de un proyecto del Poder Ejecutivo que tuvo un trámite irregular en el debate, tanto en las comisiones como en el recinto de la Cámara de Diputados.
• Impugnaciones: diputados, organizaciones no gubernamentales (ONG) y usuarios presentaron cuatro demandas contra la ley. La norma obliga a los grupos de medios a vender canales y radios en el plazo de un año y pretende introducir profundas modificaciones en el mercado audiovisual.
• La Justicia: cuatro jueces suspendieron toda la ley o algunos de sus artículos. Uno de esos fallos lo dictó la doctora Olga Pura de Arrabal (Mendoza). Ayer, la Cámara Federal de Mendoza confirmó la suspensión total por las irregularidades durante la sanción de la ley.
Fuente: Diario La Nación
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