Cuando han pasado escasos cinco meses desde su sanción, aunque con otra realidad de poder dentro del Congreso, después de la pérdida del quórum propio por el Frente Para la Victoria y la mayoría en todas las comisiones de Diputados el 3 de diciembre de 2009 y con una distribución similar en el Senado, donde el oficialismo no retiene la mayoría inmediata en ninguna Comisión desde el 3 de marzo pasado, parece que comienzan a aparecer proyectos para modificar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Además, hubo cinco fallos judiciales adversos en diversas provincias y dos de ellos de una gravedad que no era esperada por los que planificaron la sanción y promulgación de la ley, ya que se suspendió en todo el país la aplicación de la misma, generándose entonces una situación fáctica extraña, donde no se tiene bien en claro si la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene vigencia, o en realidad sigue existiendo el viejo Comfer.
La oposición, que es en realidad una suma de bloques opositores, cada cual con su propia identidad, daba la impresión que se ocuparía de buscar consensos previamente entre ellos y quizás, si hubiera sentido común, también con el oficialismo, quien aún es la primera minoría en ambas cámaras, antes de iniciar un proceso de reforma de la ley, que será arduo y con muchos obstáculos. En nuestra opinión, esa reforma debería darse buscando el máximo de consenso posible, que fue precisamente lo que el Poder Ejecutivo no hizo con prolijidad el año pasado. La ley en definitiva, tiene grandes posibilidades de superar este proceso y quizás salir fortalecida; pero para ello se deberán respetar algunos tiempos de debate, y superar algunas cláusulas manifiestamente anticonstitucionales del texto vigente (pero suspendido). No son demasiadas, aunque tocan precisamente el corazón de la norma. Esto es el control de la Autoridad de Aplicación por el Poder Ejecutivo, las cláusulas de desinversión compulsivo y en tiempos muy breves, las limitaciones a los licenciatarios para tener más de un canal de producción propia, la intromisión latente en los contenidos y otras que la oposición considera importantes, como ser la prohibición de ser licenciatarios a empresas ligadas a la obra pública o al juego.
Quedan agazapados los temas relacionados con el ingreso de las telefónicas y algo muy importante para las cooperativas, la posibilidad que la autorización bastante amplia que hoy existe para las cooperativas de servicios públicos, pueda ser limitada o tergiversada, como ocurrió en 2005 cuando se cambió el artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión.
Frente a la ley, podemos distinguir varias actitudes, que deberán ser valoradas en el debate. La primera fue de Clarín y otros grupos concentrados, quienes atacaron judicialmente aquello que más les perjudicaba si la ley se imponía en su actual texto, esto es las cláusulas de desinversión forzada en el lapso de un año. Algunos fallos hicieron lugar a esas demandas y frenaron la posibilidad que la ley se aplicara en esos casos.
Luego, surgió otro tipo de acciones, que fueron conducidas por legisladores opositores, del Peronismo Federal, quienes atacaron los métodos y desprolijidades en la sanción y promulgación. Esos no estaban contemplados por nadie y fueron los que mayor efecto han tenido hasta ahora, pues frenaron la aplicación de la ley en todo el país.
Desde los sectores alternativos no cooperativos que trabajaron por la sanción de la ley y tienen en la lucha contra los grandes medios una causa común con el gobierno, apareció una forma de protesta con marchas y escraches a los juzgados que fallaron en contra, en varios casos apoyados por funcionarios y legisladores del oficialismo.
El gobierno ha venido apelando los fallos e incidió frente a los formadores de opinión extranjeros. El extremo de las acciones para defender la ley, se dio con la gira del Licenciado Mariotto, junto a Luis Delía a Europa, que luego concluyó con la visita de este último a Irán y todo lo que trajo aparejado.
Pero ayer 10 de marzo, a las 18 horas, el Diputado nacional por el Partido demócrata de la provincia de Mendoza Omar de Marchi, , propuso exceptuar del plazo de un año a los medios que al momento de sancionarse la ley "fueran titulares de una cantidad mayor de licencias o tuvieran una composición societaria diferente a la permitida", en cuyo caso seguirían rigiéndose por la normativa anterior hasta el vencimiento de sus licencias originales.
Dicho diputado, cuenta al parecer con el apoyo del interbloque Propuesta Federal, que integra junto al PRO y al Partido Liberal de Corrientes, desde donde buscarán consensuar el proyecto con el resto de la oposición.
Frente a esa propuesta, la activa diputada radical Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, coincidió con la necesidad de modificar el artículo 161 de la ley de medios, ya que "es el más anticonstitucional de todos. Y también afirmó que “nosotros planteamos que tendría que haber una cláusula transitoria en el mismo sentido, pero primero queremos abrir un período de consultas para consensuar todos los aspectos que se deberían modificar, aprovechando que la ley está suspendida en su totalidad" por las otras dos medidas cautelares dictadas por los jueces Medina y Pura de Arrabal.
Recordamos que la Comisión de medios de comunicación del Senado, tiene como nueva Presidenta a la Senadora por la Coalición Cívica maría Eugenia Estenssoro, y el oficialismo allí también está en minoría.
Como síntesis decimos: es probable que Clarín, esté operando para conseguir modificar lo que para el oficialismo es “la madre de todas las batallas”, es decir el desarme de los grupos de prensa que no le responden y el armado de un sistema que sea benigno con el Poder Ejecutivo. Es probable que eso, que hoy transita los juzgados, luego concluya en un trámite parlamentario desgastante, pero el sector cooperativo debería tener la mente bien fría, hacer un cuadro de situación objetivo, autónomo en su concepción y seguro en su implementación y propuesta e incidir rápidamente sobre todos los sectores que intervendrán en la segura modificación de la ley, sin hacer seguidismos estériles hacia el oficialismo, ni hacia posiciones que no sean claras en la oposición. Creíamos que el debate iba a demorar un tiempo más en llegar al Congreso; pero parece que se apuran los tiempos.
No debemos caer en falsas opciones ni sofismas. Defendamos un diálogo entre todos que pueda mantener lo conseguido y eventualmente cambiar lo que las actuales mayorías parlamentarias consideran que debe ser cambiado y no afecte a nuestro sector.
Rodolfo Santecchia
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