El juez federal de Salta Miguel Antonio Medina ordenó al Gobierno Nacional, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) que "se abstenga de aplicar" la ley 26.522 y "demás normas reglamentarias, en su integridad, como de dictar actos administrativos o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada normativa".
Lo hizo a pedido de la Diputada Nacional por esa provincia, Zulema Daré, que representa al bloque del Peronismo Federal en el Congreso.
Mientras el juez mantiene abierto el proceso iniciado por la Diputada para considerar el fondo de la cuestión, esto es la “nulidad e inconstitucionalidad de la norma por haberse violado en su tratamiento y sanción “las disposiciones del trámite parlamentario del Reglamento de la Cámara y los plazos para el tratamiento de los proyecto, lo que imposibilitó su trabajo como legisladora” y aún aceptando que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indican que
no se deben aceptar medidas cautelares contra decisiones legislativas, el juez agregó que esa postura cede cuando los elementos presentados en la causa "son verosímiles".
De esta manera, al fallo radicado en Mendoza que hoy mantiene la suspensión en todo el país, debe agregarse este, con iguales características.
Por lo que se puede ver hasta el momento, hay dos tipos de juicios en trámite: a) los que iniciaron los medios de comunicación que se sienten agraviados por algunas de las disposiciones de la ley que violan en su criterio sus derechos adquiridos como licenciatarios y b) aquellos iniciados por legisladores, hasta ahora del peronismo Federal, que lo hacen por el conjunto de violaciones formales y de tratamiento en la sanción y promulgación de la ley. Estos últimos son los que han conseguido hasta ahora las medidas cautelares más graves para la aplicación de la norma.
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